El Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres ha acordado tomar declaración, en calidad de imputados, al alcalde José María Saponi y al concejal de Juventud, Francisco Javier Castellano, por la adjudicación de la pista de verano, según consta en la providencia dictada por la juez titular con fecha de 19 de febrero, a la que ha tenido acceso este diario.

El mandatario municipal está citado en el juzgado el próximo 5 de marzo a las diez de la mañana. Castellano deberá declarar a las doce de ese mismo día. Igualmente, se acuerda recibir declaración testifical al secretario general del Ayuntamiento de Cáceres el 8 de marzo a las diez de la mañana. En la providencia se especifica también que se proceda "a la práctica de las diligencias documentales propuestas por la parte querellante (...)".

Fue el pasado 26 de septiembre cuando el abogado cacereño Angel Luis Aparicio, en representación de los locales La Calle, Ivanhoe, La Continental, El Peso del Pecado, La Vieja Trova, Submarino y Machiavello, presentó la querella. La denuncia exige una responsabilidad de 500.000 euros, a reparto proporcional de 60.000 euros (10 millones de pesetas) por local, en concepto de daños y perjuicios. La querella se interpone por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

LA APERTURA El pasado mes de julio se puso en marcha la pista de verano del recinto hípico en unos terrenos municipales que el ayuntamiento adjudicó a cinco empresarios de hostelería (Farmacia de Guardia, Aquelarre, Capitán Haddock, La Hacienda y Vieja Trova). La decisión municipal no gustó a los hosteleros querellantes, que decidieron acudir a los tribunales puesto que consideraron que la decisión municipal vulneró sus derechos y les causó importantes pérdidas económicas (la pista de verano fue un éxito de público).

Aunque ayer el abogado declinó realizar declaraciones y se remitió al próximo 5 de marzo, ya consideró el pasado mes de septiembre que "no se puede ceder a un particular para beneficio exclusivo un bien patrimonial. Las únicas cesiones reconocidas por ley --añadió-- son a entidades públicas o privadas, pero con fines públicos".

El ayuntamiento, por su parte, siempre ha defendido la legalidad de su gestión. El alcalde ha negado irregularidades y Castellano ha asegurado transparencia. "Es una autorización provisional, no una licencia que requiera un concurso público", dijo el edil en otoño.

Tras las declaraciones en el juzgado, la jueza instructora deberá decidir si archiva el caso o si continúa el trámite judicial. De ser así, el juicio podría celebrarse por ley del jurado.