El alcalde, José María Saponi, vino a decir ayer que serán los tribunales los que decidirán el futuro de la cantera de Olleta. No obstante, Saponi comentó que el consistorio está abierto "a cualquier solución que esté de acuerdo con la legalidad" e incluso indicó que "podría ser posible" el traslado de la actividad extractiva, pero recordó que "por las dos partes hay planteados contenciosos y lo lógico será esperar". En una nota que la sociedad propietaria de la cantera difundió ayer por la tarde, Olleta vuelve a dar muestras de sentirse perseguida por las decisiones del ayuntamiento y recordó que de la cantera dependen 85 trabajadores.

La principal divergencia entre la sociedad y el ayuntamiento es que mientras que Olleta asegura tener todas las autorizaciones para el desarrollo de su actividad, el consistorio afirma que, aunque la sociedad tenga la concesión de explotación, no cuenta con las autorizaciones municipales y no tiene la licencia de instalación y apertura para el ejercicio de la actividad extractiva. El consistorio ordenó el cierre de la cantera en el 2003, decisión que fue recurrida por la empresa.

El ayuntamiento, con las afirmaciones de Saponi a preguntas de los medios de información, se pronunció ayer oficialmente por primera vez (el lunes Saponi habló, aunque de forma concisa) sobre la denuncia realizada el día 16 por los administradores de Olleta, los hermanos Javier y José Antonio Olleta, y reiterada en otras ocasiones, de que se está autorizando por parte del consistorio la construcción de viviendas dentro del límite de seguridad de la cantera, donde recordaron que cada semana se utilizan 2.000 kilos de dinamita.

El alcalde habló ayer de que "puede haber soluciones", pero también apuntó que hay un proceso ante el TSJEx. "Me figuro --indicó-- que habrá que esperar a una solución de tipo judicial". Saponi insistió en que le gustaría que no haya retrasos en la solución, dijo que, pese al proceso judicial, "se puede buscar otra salida porque no deseo ningún perjuicio para nadie", aunque apuntó que "no va a ser fácil de conseguir", y concluyó opinando que la cantera "ya está haciendo un daño ostensible a la sierra, y convenía, a lo mejor, cerrarla, pero partimos de que no se tiene licencia de apertura".

La empresa asegura en el comunicado que difundió ayer que el lunes abrió una nueva vía de diálogo "que el ayuntamiento no parece estar dispuesta a aceptar", y reiteró que, en cualquier caso, son asuntos innegociables el mantenimiento de la industria y sus 85 puestos de trabajo.

VERTIDOS La sociedad detalló que hace un año hubo dos contactos con el consistorio, en el primero se produjo un acercamiento, mientras que en el siguiente "se observó una postura muy cerrada por parte de los responsables municipales". Olleta explicó que no planteó directamente compensaciones de tipo económico por el traslado de la cantera de su propiedad, y que, ante la solicitud del consistorio, se hizo una propuesta con sólo "compensaciones propias por el traslado de la industria y las urbanísticas que pudieran derivarse" de la pérdida de terrenos en la zona donde está la cantera. Además añadió que en esos contactos se apuntó por parte del ayuntamiento la posibilidad de destinar a zona verde las instalaciones de la cantera y la firma de un convenio urbanístico.

Sobre la propuesta de sanción, por 75.126 euros, planteada por el ayuntamiento por el vertido de tierras en suelo de especial protección Montaña, la empresa también especificó que el consistorio no tiene potestad para este tipo de sanciones, que "competen" a la Junta, y que no se trataba de depósitos de tierra, "sino de acopios de mineral tratado en la planta de trituración", una actividad que la sociedad recuerda que es propia de la cantera.