El ayuntamiento recabará un nuevo informe "jurídico, económico o técnico, el que corresponda al respecto," sobre la operación Corte Inglés y el convenio para la reordenación del solar de las Carmelitas, según indicó ayer el edil de Urbanismo, José Antonio Villa, que precisó que "en el día de ayer --el miércoles-- el alcalde ponía de manifiesto la necesidad" de solicitar este estudio, que, entre otras cuestiones, incidirá en la compensación a obtener por la ciudad, que en el convenio se cifra en 2,5 millones.
La intervención del concejal se producía un día después de que su compañero en el equipo de gobierno, el edil Manuel Rodríguez Cancho, hiciese público que dejaría su acta de concejal antes de tener que votar a favor de la operación urbanística en sus términos actuales al estimar que la ciudad no logra las plusvalías que le corresponderían.
Las afirmaciones del edil de Urbanismo significan, por ahora, la continuidad de Cancho y que esta operación difícilmente pasará por el pleno del 21 de septiembre para su aprobación con el inconveniente de que el convenio solo obliga a las partes hasta el próximo 31 de diciembre.
En este acuerdo participan El Corte Inglés, la sociedad promotora Estudios Urbanísticos y Medioambientales y la congregación de religiosas propietaria de la parcela. El convenio no tiene validez mientras que no lo firme el ayuntamiento, que se tendría que comprometer a modificar el plan general de urbanismo en la parcela del colegio para autorizar, además de los actuales usos educativos, utilidades comerciales, residenciales y terciarias e incrementar la edificabilidad.
LA VOTACION El inconveniente para el ejecutivo local no es sólo que no pueda contar con el voto de Cancho, a quien le sustituiría el siguiente de la lista del PP si deja el acta, sino tampoco con alguno de los votos del resto de grupos, dado que el PP solo tiene 12 concejales y para la mayoría absoluta se necesitan 13 de los 25 votos de la corporación local.
El PSOE y Vela, a quienes se ha aproximado el alcalde, han mostrado sus dudas respecto al actual convenio. El PSOE ha dicho que no lo votará y Vela considera insuficientes las compensaciones a obtener por la ciudad dada la revaloración del terreno. El tercer grupo, IU, ha sido más tajante en su rechazo al convenio.
Con este escenario habló ayer Villa, que preside la comisión de Urbanismo, primer órgano que debe pronunciarse sobre el convenio. Afirmó que la operación urbanística "es positiva" por lo que implica "de puestos de trabajo y de inversión", recordando que en una negociación "nadie da nada por nada" y aclarando que se está ante un caso en la que la administración, "y no solo la local", debe "poner límites".
Explicó que "las tres bases" de la operación son una compra de parte de una propiedad, un cambio de uso urbanístico y unas determinadas condiciones de edificabilidad, que generan unas plusvalías que en lo que corresponda al ayuntamiento "deben estar ajustadas a la normativa", por este motivo indicó que en esta operación "cualquier cosa menos la falta de estudio y el pelotazo urbanístico", que, según dijo, "solo genera la ilegalidad de quien lo comete o el oportunismo político de quien lo denuncia con falta de fundamentos".
En su opinión, el convenio debe "estar a disposición" de cualquier colectivo, sin olvidar que lo que se decide es "una de las mayores aportaciones que desde el punto de vista comercial" reci-
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