El embargo de inmuebles por impagos a la Seguridad Social se ha incrementado en el último año en la provincia un 13%. Fueron en total 863 los bienes inmuebles embargados, exactamente cien más que en el año anterior.

Cuando no se pagan voluntariamente las cuotas a la Seguridad Social, esta tiene la competencia legal para embargar bienes de las empresas o de los trabajadores autónomos. Son, especialmente, embargos de bienes imuebles, cuya cifra casi se ha duplicado en los últimos cinco años --la cifra de 433 inmuebles embargados en el 2005 se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años hasta alcanzar los 863 del año pasado--.

Y a estos embargo de inmuebles se suman los de bienes muebles, es decir, salarios, pensiones, vehículos, valores... En este caso, salvo los embargos de salarios, pensiones y prestaciones económicas, que bajaron de los 1.867 registrados en el 2008 a 1.581 el año pasado, también se registró incremento. Así, de los 1.160 vehículos embargados en el 2008 se subió a 1.189, y de 403 embargos de valores y fondos de inversión, a 429.

Y además, en los últimos años, y a raíz de determinados convenios de colaboración, con entidades financieras por ejemplo, se pueden llevar a cabo también embargos de cuentas corrientes. En la provincia de Cáceres se abrieron el año pasado 13.879 diligencias o mandamientos de embargo de cuentas corrientes de empresas.

Son estos algunos de los datos que dieron ayer a conocer el subdelegado del Gobierno, Fernando Solís, y la directora provincial de la Tesorería de la Seguridad Social en Cáceres, Ana Belén Martín, quien destacó la labor y gestión que viene realizando la Tesorería dirigida a controlar y regularizar toda la posible deuda que hayan generado con la Seguridad Social empresas y trabajadores autónomos.

Dentro de ese control, "y en un escenario como el actual, de menor afiliación, de bajada del número de empresas y de dificultades económicas", la directora provincial destacó, por su importancia para las empresas, el mecanismo del que se dispone "para permitir darles a aquellas que son viables, pero que por dificultades de liquidez no pueden abonar mensualmente sus cuotas de Seguridad Social, la posibilidad de aplazar sus pagos y así mantener la empresa, su viabilidad y el empleo". Señaló en este sentido que el año pasado fueron 932 las empresas de la provincia que solicitaron un aplazamiento del pago de su deuda, lo que supuso 275 más que en el 2008, cuando lo solicitaron 658 --en el 2007 solicitaron aplazamiento 428--.

La situación actual, señaló Ana Belén Martín, ha hecho que la demanda aumente, a lo que añadió, como "muy destacable", el hecho de que el 97% de esas 933 solicitudes, por un importe total de la deuda aplazada de 5.485.645 euros, se estimaron. Fueron 905 los aplazamientos de pago que se concedieron a lo largo del último año, lo que supuso un 41,8% más que el anterior, concretó Martín.

El 97,7% de las empresas a las que se concedieron aplazamientos tenía contraídas deudas con la Seguridad Social de hasta 30.000 euros, "una cifra importante porque hasta esta cantidad no se exige a las empresas aval o garantía para conceder el aplazamiento, algo que, en estos momentos de difícil acceso a la liquidez y a créditos y avales bancarios, es fundamental, pues de ello va a depender la concesión o no del aplazamiento". El 1,7% debía entre 30.000 y 90.000 euros, y solo un 0,6% superaba los 90.000 euros de deuda.

CONTROL DEL FRAUDE También destacó la directora provincial de la Tesorería de la Seguridad Social la labor que en estos últimos años se ha realizado en el control preventivo de la liquidación de las empresas para detectar posibles impagos. Así, en el 2009 se realizó seguimiento a 848 empresas, un 81,19% más que en el 2008.

Concretó que solo en 62 de ellas se detectó un primer descubierto de impago a la Seguridad Social, "y tras una entrevista con los responsables 23 regularizaron su situación haciendo frente al pago total o parcial de la deuda, 31 solicitaron un aplazamiento del pago y solo en 6 hubo que tomar medidas especiales, como derivaciones de responsabilidad o embargos".

En cuanto al control y prevención del fraude a la Seguridad Social, Martín destacó que a lo largo del 2009 se realizaron 2.101 actuaciones, detectándose en la mayoría de los casos encuadramientos indebidos, empresas insolventes que seguían con su actividad, contratos a tiempo parcial cuando la jornada era completa, o bajas indebidas en ciertos períodos del año.

Con todo esta información que dieron ayer de las actuaciones de la Tesorería el subdelegado y la directora provincial lo que se pretende, concluyeron, es que las empresas "conozcan que tienen vías a su alcance para salvar una deuda que con el tiempo se puede hacer insalvable".