El Servicio Extremeño de Salud (SES) tendrá que indemnizar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que inició las obras del nuevo hospital, formada por Placonsa, JOCA y FCC, con «no menos» de 2,4 millones de euros, informó ayer el consejero de Sanidad, José María Vergeles durante una rueda de prensa en Mérida. Esto obedece a que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha ratificado la sentencia del juzgado de lo Contencioso 1 de Mérida, del 5 de diciembre del año pasado, que anulaba la resolución del contrato que llevó a cabo el SES con dicha UTE en septiembre del 2013 por demoras en el plazo de ejecución. Además, la sentencia que confirma el TSJEx condena al SES a devolver también los avales que le fueron incautados a las empresas por valor de 1.152.008 euros al resolver el contrato.

Asimismo, la sentencia deja sin efecto el saldo de 5 millones que resultó a favor de la Administración después de que se llevara a cabo la resolución del contrato. Cabe recordar que dicha resolución se efectuó durante la legislatura de José Antonio Monago (PP) y, según señaló a primeros de diciembre del año pasado el coordinador de Sanidad del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, se tomó «en base a un criterio técnico, respaldado por los pertinentes informes favorables de los servicios jurídicos del SES y de la Junta de Extremadura».

Según Vergeles, el TSJEx recalca, en la sentencia, que el retraso que se produjo en las obras entonces no era achacable a la UTE, sino a la intención de los responsables del SES en aquella fecha, que pretendían parar los trabajos y finalmente cambiar los planes de distribución de espacios y uso de la instalación sanitaria. La decisión judicial, dijo el consejero de Sanidad, también reconoce que los responsables del SES detuvieron el curso de la construcción mediante la resolución del contrato adoptada, y así pusieron en riesgo la finalización del hospital. De la misma manera, el alto Tribunal extremeño considera que no había motivos para que la Junta rechazara el segundo modificado de 9 millones solicitado por la UTE en junio del 2012.

Esos 2,4 millones se abonarán, en parte, con los avales presentados por las propias adjudicatarias y el resto con fondos propios de la comunidad, lo que supondrá un «bocado» cercano a los 700.000 euros al presupuesto del SES, señaló Vergeles. A ello habría que sumar además otros 6 millones, según el consejero de Sanidad, debido al incremento que se produjo en el presupuesto --de 9 a 15 millones-- cuando se retomaron las obras por las consecuencias de haber estado paralizadas durante tres años, desde febrero del 2013 hasta comienzos del 2016. En ese sentido, Vergeles puso de manifiesto también que las empresas se vieron penalizadas injustamente tras la resolución del contrato, ya que hubo que inscribirlas en el registro de licitadores con los que no se puede contratar. Si bien, ya han sido excluidas de tal registro para que puedan seguir trabajando con las administraciones públicas.

EL SES NO RECURRIRÁ / No obstante, Vergeles afirmó que, a pesar de todo, las obras que ejecuta la nueva UTE adjudicataria --formada por San José y Magenta-- «van a ritmo adecuado» y la primera fase del hospital estará abierta en 2018. Igualmente, descartó que el SES vaya a recurrir al Tribunal Supremo (TS) la decisión del TSJEx, al entender que la sentencia es «absolutamente demoledora» contra la gestión del anterior ejecutivo regional, en tanto que expone «literalmente» el «afán que el PP en el gobierno tuvo por paralizar la obra del hospital de Cáceres», indicó el consejero de Sanidad, que adelantó igualmente que el gobierno de Fernández Vara estudiará, por lo tanto, la posibilidad de reclamar «consecuencias de otras características» al gobierno regional anterior.

Por su parte, el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, José María Saponi, cargó contra «el uso partidista y torticero» que, a su juicio, ha hecho Vergeles de la sentencia del TSJEx. Saponi indicó que es «absolutamente falso» que responsables del SES del gobierno regional en la anterior legislatura «provocaran retraso alguno» en las obras citadas, ya que «estos se venían arrastrando desde el gobierno socialista anterior», señaló el PP en una nota de prensa. En esa línea, Saponi criticó que el PSOE, de forma «interesada», obvie lo que recoge la sentencia de primera instancia, ratificada por el TSJEx, en su Fundamento de Derecho Tercero, donde pone de manifiesto que «consta en Informe del Tribunal de Cuentas de Fiscalización de los ejercicios 2010 y 2011», en relación a la obra del nuevo hospital, que «se hicieron modificados al primer proyecto y ni siquiera la Intervención de la Junta de Extremadura tuvo conocimiento». Unas modificaciones que, según Saponi, eran de «escasa motivación y no respondieron a necesidades nuevas», sino a «deficiencias» en el proyecto primitivo, por lo que «no eran justificadas las modificaciones aprobadas por el gobierno socialista».

Por último, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, hizo hincapié en que el tiempo de «la paciencia y la comprensión» debe quedar atrás para dar paso a «más soluciones y menos recursos». «Nos da igual el color político del gobierno, lo que queremos es que se acaben las obras ya», aseveró.