El Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres ha condenado a Francisco Torres, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres por el PREX-CREX durante la legislatura 2007-2011, a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, como responsable de un delito de prevaricación administrativa, además de la imposición de costas. Considera probado que adjudicó directamente la organización del Encuentro Nacional de Juglares, en 2010, a las empresas 'Estructuras Grupo Imagen y Comunicación', y 'Espacio E', sin convocar concurso público.

La jueza entiende acreditado que existió una resolución dictada por el concejal y que la misma era "ilegal", al haberse omitido los trámites del procedimiento. Agrega que con ello se ha ocasionado un resultado "injusto", al haber vedado a otras empresas la posibilidad de acceder a la organización de un evento "que desde un inicio tuvo un adjudicatario claro y definido".

Los hechos se remontan a 2008, cuando el concejal recibió de José Antonio Alvarez Crespo la propuesta de organizar en Cáceres un encuentro de juglares. Dicho empresario promovía esta acción para beneficio de las dos firmas citadas (de la segunda no consta forma social) de las que era socio principal y gestor directo. El presupuesto con cargo al ayuntamiento se llegó a cifrar en más de 132.000 euros.

La sentencia afirma que el concejal no abrió un proceso que garantizase el libre acceso de cualquier empresa, sino que "decidió eludirlo y para ello evitó deliberadamente los cauces normales de contratación pública". De hecho, prosigue el fallo, "encargó a José Antonio Crespo y a sus empresas directamente la celebración, que fue presentada en FITUR 2009". La jueza agrega que, para evitar que se apreciase que la cuantía excedía de la cantidad límite de 18.000 euros prevista en la ley, el concejal acordó con el empresario que se girarían facturas por importe inferior. "De este modo ocultó a la sección administrativa de la concejalía la tramitación, y ante los funcionarios manifestó que el encuentro era un asunto que llevaba directamente".

Sin embargo, tras el evento, los técnicos comunicaron la imposibilidad de pagar las facturas con los fondos europeos de Netur por incompatibilidad. A esas alturas, el edil ya había validado dos facturas. El empresario presentó una reclamación ante el ayuntamiento con las doce facturas pendientes. El ayuntamiento intentó en 2012 la anulación de oficio del contrato, pero cesó por caducidad y por la ausencia de documentación justificativa.