Saltarse la ley en la Administración pública no siempre es un delito. Eso es lo que viene a argumentar el fiscal de Medio Ambiente en su escrito de petición de sobreseimiento provisional de la causa abierta por prevaricación urbanística contra varios mandatarios del Ayuntamiento de Sierra de Fuentes, por el convenio urbanístico que se suscribió con la constructora Abreu en 2005 para edificar 120 hectáreas de terreno público (la dehesa boyal) en este municipio.

El juez titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, Federico Alba, atendiendo a dicha petición de la Fiscalía, ha dictado un auto de sobreseimiento provisional de las diligencias, lo que archiva de momento --y casi con toda seguridad, según fuentes judiciales-- la causa por la vía penal.

La Fiscalía insta a trasladar la resolución al proceso contencioso-administrativo que sobre este asunto se sigue en el juzgado competente, donde confía se determinen las irregularidades ya que, sostiene, el acuerdo municipal de la corporación "vulneró flagrantemente la normativa".

DIEZ IMPUTADOS Sierra de Fuentes es un polvorín de denuncias urbanísticas por continuas discrepancias políticas, incluso con agresiones entre concejales, y este caso es tan solo uno de los que actualmente se dirimen en los tribunales. En ellos, donde son imputados unos, en otros son denunciantes.

En este, seguido por la constitución de la sociedad urbanística con Abreu, estaban imputadas diez personas, entre ellas el alcalde que presidía el consistorio en el momento de aprobarse la operación, Andrés Guerra (Izquierda Unida), el exteniente de alcalde, Andrián Guerra (Partido Popular), el también exalcalde Julián Polo y el actual mandatario, Antonio Luis Díez, que actuó en este caso como letrado. También el abogado I. C., el empresario Antonio Abreu Tejero o el arquitecto municipal Francisco Serrano.

La empresa mixta que nacía de esa sociedad (Sociedad para el Desarrollo Urbanístico de Sierra de Fuentes S. L.), en la que Abreu ostentaba el 60% del capital social y el ayuntamiento, el 40% restante, pretendía construir un polígono industrial y una urbanización de viviendas.

El fiscal de Medio Ambiente, que promovió la investigación judicial para aclarar la operación urbanística ante un posible delito de prevaricación considera que, una vez oídos los testimonios y analizadas las pruebas documentales durante la instrucción judicial del caso, se han aportado "numerosos elementos fácticos y jurídicos" desconocidos hasta entonces que impiden ya tener "la convicción necesaria" para formular una acusación por este delito. "No resulta debidamente justificada su perpetración" , explica.

No obstante, el fiscal sostiene la "ilegalidad" del procedimiento que siguió el ayuntamiento para constituir la sociedad: sin previa autorización de la Junta de Extremadura, sin sacar a concurso el convenio urbanístico y contratándolo directamente con Abreu o sin que el pleno aprobara previamente un plan de ejecución sobre los terrenos afectados que impedía el control municipal sobre los mismos.

"No sólo se trataba de omisión de trámites esenciales del procedimiento --señala el fiscal--, sino de contenidos sustanciales frontalmente opuestos a la ley --como la designación a título particular del primer teniente de alcalde, Adrián Guerra, como presidente de la sociedad--, o clamorosamente injustos y arbitrarios". En este último extremo sitúa el fiscal la subrogación de la sociedad en un contrato privado entre el promotor y un abogado, por el que este último cobraría por su asesoría unos honorarios "desproporcionados": 1,8 millones de euros en cinco años. El abogado era Antonio Luis Díez, actual alcalde.

A pesar de lo que el fiscal considera "vulneraciones clamorosas" de la legalidad urbanística, basa su decisión de sobreseer la causa penal en que no hubo "un resultado materialmente injusto" en las decisiones adoptadas, un requisito que exige la imputación jurídica de un delito, y que en muchas de estas irregularidades se actuó por "precipitación, impericia o un asesoramiento inadecuado".

SOCIEDAD NULA Después de todo este proceso judicial, la sociedad urbanística en cuestión nunca llegó a funcionar. Una moción de censura arrebató el poder municipal a Andrés Guerra, siendo nombrado Julián Polo nuevo alcalde con el apoyo de Alejo Nevado, concejal y exalcalde del PSOE. Polo (del PP, socio antes de IU en el gobierno), que hasta entonces había votado a favor de esta operación urbanística, inició entonces el proceso administrativo para anular los acuerdos que permitieron la constitución de la sociedad.

Para entonces, la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Desarrollo Rural ya había instado al ayuntamiento de la localidad a anular de oficio el acuerdo de constitución. Los trámites para anularlo se iniciaron el 22 de febrero del 2006 tras un acuerdo de pleno y el 24 de mayo del 2007 se decretó su nulidad administrativa.