La cárcel sufre de falta de personal penitenciario. Así lo denuncia el sindicato Acaip-Uso, que alerta además de que la situación se agravará en unas semanas, cuando regresen a la prisión cacereña el centenar de reclusos que fueron reubicados en marzo del año pasado en cárceles de todo el país, antes de que dieran comienzo las obras de remodelación en la penitenciaría.

Actualmente la cárcel alberga a 412 presos, cuando tiene capacidad para 317. Sin embargo, antes del comienzo de las obras acogía a cerca de 520 reclusos, cantidad que volverá a asumir a finales de febrero, cuando finalice la remodelación que se está acometiendo y que dotará de un sistema de detección de humo a todos los módulos de la prisión. La cárcel cuenta con cuatro departamentos de gran tamaño, con 105-110 reos en cada uno, y otro algo menor para mujeres.

En ese sentido, Acaip-Uso denuncia que difícilmente se podrá atender debidamente a todos los reos si llegan 100 más, sufriendo la cárcel actualmente un déficit del 35% en cuanto al personal de funcionarios interiores; los que están en contacto con los internos. «Lo que pedimos es que no se reabra el módulo que quedará vacío tras las obras mientras no se dote de mayor plantilla», remarca el responsable autonómico del sindicato, Dionisio Iglesias.

Una masificación de presos conllevaría problemas a efectos de vacaciones o de conciliación de la vida familiar, aseguran desde Acaip-Uso. «El poder hacer uso de los días de asuntos propios se ve limitado. Tienes que hacer encaje de bolillos para cuadrar los turnos y cualquier baja es más que un problema grave», añade Iglesias.

En estos momentos, en la prisión existen 142 efectivos cuando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) contempla 208. Es decir, el 32% de los puestos de trabajo están sin cubrir. De esos 142 empleados, solo 80 ejercen como funcionarios interiores (los que están en contacto con reos), ya que 34 de esos antiguos trabajadores han pasado a segunda actividad (otros siete harán lo propio en los próximos seis meses) y el resto ocupan puestos en otras áreas del centro como educadores, médicos… «Los funcionarios que han estado en contacto con internos, si han cumplido 25 años de servicio y tienen 57 años o más pueden pasar a segunda actividad. En nuestro centro 34 personas han pasado a realizar unas labores más de oficina y sus puestos no se han cubierto con personal de interior», asegura Iglesias, que explica que la plantilla «ha envejecido» en los últimos años debido a la «nula o escasa» oferta de empleo público. «Ha habido años que salían 40 o 50 plazas para toda España», desvela el responsable autonómico de Acaip-Uso.

Sin embargo, la última oferta de empleo público amplió hasta unas 600 las plazas para las cárceles del país. Algo que repercutió para bien en la prisión cacereña pero cuyo beneficio puede expirar pronto. «Ahora mismo tenemos ocho funcionarios en prácticas, que nos los enviaron a raíz de las concentraciones que iniciamos a finales de 2015, pero no forman parte de la plantilla y, ante la apertura de dos nuevas prisiones en Ceuta y Archidona (Málaga), posiblemente vuelvan a ser reubicados», predice Iglesias.

En ese sentido, el responsable autonómico de Acaip-Uso ha pedido, a través de una carta, al secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Yuste, que proporcione los medios humanos necesarios para el correcto cumplimiento de las funciones encomendadas a la plantilla del centro. Sin embargo, su demanda aún no ha obtenido respuesta.

Por último, cabe mencionar, igualmente, que el de la falta de personal se trata de un problema que no solo se da en el centro de cumplimiento, sino que se hace extensible al de inserción social, ya que cuenta con una RPT de 15 efectivos cuando en la actualidad solo disponen de diez empleados y, además, cinco de esos trabajadores provienen de puestos de trabajo del centro de cumplimiento.