Sólo siete mujeres del ámbito rural se han acogido al programa de teleasistencia móvil para las víctimas de la violencia de género al que se suscribió la diputación cacereña hace dos meses. El proyecto está dirigido a mujeres que cuenten con una orden de protección y es fruto del convenio firmado por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y el Imserso y sólo los ayuntamientos de Cáceres y Plasencia han firmado convenios individuales.
La cifra potencial de usuarias en la región se calcula en 700 mujeres que, indicaron fuentes de la diputación, es mucho menor de las que cuentan con una orden de protección. Según los datos del Observatorio de Violencia Doméstica dependiente del Consejo General del Poder Judicial, en el 2004 se solicitaron en 697 en la región de las que 550 recibieron luz verde.
ESCASA RESPUESTA Teresa Roca, diputada delegada de Servicios Sociales y Mujer, explicó que todos los ayuntamientos de la provincia se han acogido a este programa, aunque lamentó la escasa respuesta a pesar de haber realizado unas jornadas informativas en febrero pasado.
Roca consideró necesario potenciar la difusión de este programa en los municipios para favorecer que las mujeres en situación de riesgo puedan disponer de un móvil gratuito. Asimismo, propuso la puesta en marcha de campañas en las que se dé a conocer el contenido de este servicio basado en tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización. Los terminales, dotados de un sistema de localización GPS, permiten a las mujeres víctimas de maltrato entrar en contacto, ante una situación de emergencia, con un centro atendido por personal especializado las 24 horas.
En Extremadura la empresa adjudicataria del servicio es Eulen, que se encarga de facilitar los teléfonos a las usuarias en un plazo máximo de 48 horas por vía de urgencia y en siete días si se trata de un caso ordinario. El contacto con el centro de atención puede establecerse en todo momento, desde cualquier lugar y apretando un botón.
El servicio es gratuito y no hay un plazo límite para solicitarlo en los servicios sociales de los ayuntamientos. El programa se enmarca dentro de las medidas del Gobierno para luchar contra la violencia de género.
