Solo el 1% de las alarmas que se disparan en Cáceres y que movilizan a las patrullas de la Policía Nacional son reales, motivadas por un hecho delictivo. Fallos del sistema o descuidos en los cerramientos de los locales protegidos generan la mayoría de los avisos que atienden la policía y en los que suelen invertir entre 15 y 30 minutos.

De hecho, en lo que va de año los agentes han intervenido en 403 alertas y únicamente en 5 de los casos había indicios de que se estaba cometiendo o se había intentado cometer un robo o un acto vandálico en el establecimiento, según datos facilitados a este diario por el responsable de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la comisaría de Cáceres, el inspector José Antonio García Romo.

El año pasado el número de alarmas que se dispararon y que necesitaron la presencia de la policía fue de 1.077 (datos de la capital y Plasencia) y todas, menos 12, fueron falsos avisos.

DESPREOCUPACION El problema ya no es el volumen de estas alertas injustificadas que obliga a personarse a los agentes para inspeccionar el lugar dejando otras labores aparcadas. El principal inconveniente es que en la mayoría de los casos, al menos en el 55%, los propietarios de las empresas o viviendas afectadas no acuden en el momento, lo que impide a los agentes actuar al no poder acceder al interior.

"Existe una despreocupación por parte de los propietarios de los lugares a proteger y muchas veces, cuando nos desplazamos, resulta que el dueño no aparece con las llaves y nosotros no podemos entrar", explica García Romo, que insta a que los propietarios asuman su responsabilidad en el asunto y más ahora que se acerca el verano. "Si se ausentan, deben dejar otros contactos y las llaves del inmueble", aconseja.

Este problema desemboca a veces en situaciones paradójicas. Hace tres años, recuerda este inspector, se recibió un aviso de alarma en un banco de Plasencia. Los agentes acudieron al lugar, esperaron y nadie de la entidad apareció. Unos ladrones habían practicado un butrón en las traseras a la que los policías no podían acceder y atracaron el banco. "Estábamos allí y posiblemente hubiéramos podido evitar el robo, aunque se hubieran escapado los ladrones", asegura.

La ley obliga a los propietarios a realizar el mantenimiento de sus sistemas y a personarse cuando se activen. "Es cierto --razona García Romo-- que nosotros estamos para dar un servicio de atención pública, pero deben colaborar los propietarios de los sistemas. Que ni siquiera se presenten, desmotiva a los agentes".

1.100 SISTEMAS OBLIGADOS La policía sólo acude a la llamada de alerta cuando las centrales de alarma de la empresa de seguridad contratada no pueden resolver el problema, bien desde la central o con la presencia de un vigilante. Los avances técnicos, muchos inducidos por los último cambios legales, discriminan una parte de los falsos avisos. Las centrales pueden detectar los fallos y repararlos sin desplazar a nadie, pero no todos. De ahí el obligado aviso a la policía para que compruebe la incidencia. El tiempo de respuesta de ésta es de 5 a 10 minutos.

Sin embargo, cuando las alarmas no justificadas son reiteradas en un mismo sistema, los miembros de la Unidad de Seguridad Privada contactan directamente con los propietarios para instarles a solucionar los fallos y advertirles de que, de no hacerlo, pueden ser incluso sancionados. Se han dado casos en que una simple araña o un gato activaban una y otra vez los equipos.

La normativa de los sistemas privados de seguridad establece también los establecimientos que obligatoriamente deben disponer de medidas de protección, como bancos o joyerías. Entre Cáceres capital y Plasencia suman algo más de 1.100 locales obligados por ley a contratar estos servicios, aunque son más los que no lo están y cuentan con ellos --la mayoría de comercios y muchos domicilios-- y la policía debe atender las alarmas de todos cuando se enciendan.