La investigación interna llevada a cabo por la Subdelegación del Gobierno de Cáceres en el caso de las irregularidades en la legalización de inmigrantes, ha confirmado que sólo un funcionario de este organismo está implicado en el suceso, según confirmó ayer a este diario el subdelegado del Gobierno, Fernando Solís. Este aclaró que no se trata de un trabajador del departamento de Extranjería.
El caso se hizo público este verano tras detectarse irregularidades documentales en 35 expedientes de regulación de extranjeros, que condujo a otras falsedades en el proceso. Hubo tres detenidos: el funcionario de la Subdelegación, otro empleado público ajeno a este organismo y un empresario. Los tres están en libertad con cargos y bajo fianza. En el caso del funcionario, se le acusa de un delito de falsedad documental y cohecho.
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO La investigación judicial del caso sigue abierta. Sin embargo, la subdelegación del Gobierno ha concluido ya la que inició a principios de octubre, llevada a cabo por dos inspectoras de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas, para indagar la posible implicación de otros funcionarios. No ha sido así, según el subdelegado. Este empleado actuó en solitario.
La subdelegación le ha abierto un expediente disciplinario, aunque está en suspenso --por recomendación de las inspectoras encargadas de la investigación-- hasta que exista una sentencia firme de los tribunales.
El trabajador ha sido trasladado temporalmente de su puesto habitual, aunque sigue en activo. En su declaración a las inspectoras que han realizado la investigación, ha reconocido --según el subdelegado-- que compulsó algunos documentos sin mirar los originales pero que no cobró por ello, "lo hizo por un amigo". "No tenía competencias para compulsar esos documentos ni autorización para hacerlo. El lo asume pero dice que no ha cobrado dinero por esas compulsas", explicó Solís.
INVESTIGACION JUDICIAL El subdelegado confirma que tendrá que ser ahora la investigación judicial, a cargo del Juzgado de Instrucción número 6 de Cáceres, la que concrete "si hubo o no ánimo de lucro en la actuación y el delito que se desprenda de la misma".
Los 35 expedientes en los que se han detectado irregularidades afectan a unas 140 personas, entre los inmigrantes a los que se pretendía regularizar, así como a tres supuestos empleadores en cada uno de ellos. Todos serán llamados a declarar ante el juez que instruye el caso.
