A Canal de Isabel II, empresa que gestiona el agua (abastecimiento y depuración), no le salen las cuentas y si no cuadran acabará repercutiendo tarde o temprano en los usuarios. Y no le salen porque se hizo cargo del servicio en abril de 2015 con una oferta elaborada en el verano de 2010 sobre cálculos de resultados de 2009 y con unas previsiones de futuro que, por los datos dados por Canal, no se cumplen, y no es una desviación menor, es de casi un millón de metros cúbicos.

La concesión del agua es la de más importe, mueve 11 millones/año, por encima de la basura y casi el doble del autobús, pero en este caso el ayuntamiento no abona a la empresa una subvención para cubrir el déficit, sino que los costes de tratar el agua, transportarla y depurarla los sufraga el usuario con la tarifa, en la que también paga el canon de 30 millones que Canal adelantó al consistorio en 2015 y obras en la red.

Cuando en septiembre de 2014 el ayuntamiento regresó obligado por una sentencia a diciembre de 2010 (al momento de valoración de las ofertas que ese año se presentaron al concurso del agua) se preguntó antes a las cuatro compañías que habían concurrido si mantenían su propuesta económica y técnica, elaborada en 2010. Todas aceptaron, nadie se retiró. Tampoco se reinició el concurso, ya que la interpretación de la sentencia, firme 4 años después de fijarse las condiciones para gestionar el agua, fue que había que volver al momento en el que se valoraban las ofertas técnicas de Acciona --adjudicataria entre 2012 y 2015--, Aqualia, Aguas de Cáceres y Canal, que al final es la concesionaria y que volvía a un servicio que gestionada en 2010, cuando se elaboraron las condiciones del concurso.

En este concurso la empresa para hacer su oferta (el precio del metro cúbico) se basa en los datos dados por el ayuntamiento en el anteproyecto de explotación, en el que partiendo de resultados de 2009 se hacía una planificación a 24 años (tiempo de la concesión) a partir de 2010. El problema es que la gestión ha empezado en 2015.

La empresa toma como referencia los metros cúbicos que en el anteproyecto se calcula que se facturarán (por los que se paga) para fijar el precio (que determina la tarifa que aprueba el ayuntamiento) y su previsión de ingresos. En el anteproyecto se preveía que en el primer año de la concesión (2010) se facturarían 7.348.592 metros cúbicos y que en 2015 serían 7.440.909. Pero entre marzo de 2015 y febrero de 2016 (primer año de Canal en su segunda etapa) se han facturado 6.615.559, según datos de la empresa, que ahora pide un ajuste (una subida) de la tarifa porque los números no salen y solo en el primer año tiene un déficit de ingresos de 1,1 millones, a lo que suma que tiene que pagar 342.000 euros más de personal (pero esto en 2014, cuando se ratifican las ofertas, se sabía que podía pasar porque ya se conocían las sentencias que subían los sueldos).

El ayuntamiento, con el pliego en la mano, no estaría obligado a subir ahora la tarifa porque en este caso no ha modificado el contrato (sí lo ha hecho con el suministro en alta y se compensará a Canal con 72.000 euros con cargo al presupuesto) y se tendrían que justificar qué causas de fuerza mayor obligan ahora a revisar la tarifa. Además tiene el precedente del Consejo Consultivo de Extremadura, que denegó en 2014 la petición de Acciona de actualizar la tarifa con el IPC.

Lo que dice el pliego de condiciones, que regula la relación entre ayuntamiento y concesionario, es que la empresa solo podrá solicitar el mantenimiento del equilibrio económico financiero, uno de los modos de hacerlo es revisando la tarifa, cuando hayan pasado cuatro años desde el comienzo de la prestación del servicio (plazo que se cumple en abril de 2019). Entonces, en pleno año electoral, se podrá subir.

Pero hasta que se revise la tarifa queda por aclarar qué solución se alcanza, y si se llega al expediente y la sanción, ante la justificación de la empresa de que no cumple condiciones del contrato porque no se le está dando una solución al desequilibrio económico de 1,5 millones que afronta y qué ocurre con el procedimiento judicial que aún está pendiente de sentencia sobre las cantidades que Acciona reclama al ayuntamiento de la liquidación del anterior contrato del agua (la empresa llegó a hacer una estimación de 9 millones de euros).