Seis millones de euros, valor que el TSJEx ha dado a dos hectáreas que el plan de urbanismo proyecta para ampliar el parque del Príncipe, es el 8,5% del total del presupuesto del ayuntamiento para el ejercicio del 2005, que asciende a setenta millones. El pago de esa cantidad sería un gasto extraordinario, una modificación del presupuesto que, por ejemplo, podría afectar a más de un tercio del total del dinero que se destina para inversiones en la ciudad durante todo este año, entre las que destacan los 3 millones para un palacio de ferias comerciales proyectado en Aldea Moret o 2,2 para el párking de plaza Marrón. Dos obras necesarias para que la MultiCáceres pueda ser anual y para dar una alternativa de aparcamiento en la zona sur del casco viejo.

Hay otra opción, que es ir al endeudamiento con la concertación de una operación bancaria, pero la Ley de Estabilidad Presupuestaria pone límites a este tipo de operaciones, y el ayuntamiento tiene presupuestado para este año abonar 1,9 millones de la amortización de las operaciones de crédito a largo plazo en vigor y que ascienden a más de 11 millones de euros.

La opción de la permuta de terrenos de propiedad municipal sería a priori la menos perjudicial, pero el consistorio acaba de aprobar recientemente cesiones de suelo municipal para la construcción de viviendas con precios asequibles, entre las que entrarían pisos de 60.000 euros del programa de la Junta de Extremadura. Además, habría que determinar ahora en qué polígonos se cederían esas parcelas.

La opción de la permuta fue la elegida en 2001 para obtener 4,4 hectáreas de terreno que eran propiedad de Promeimsa y que, al igual que las dos hectáreas de la sociedad G. P. Promoción del Suelo, se reservan en el plan de urbanismo para ampliar el parque del Príncipe. De ese proceso anterior surge uno de los fundamentos del TSJEx para valorar las 2 hectáreas de suelo verde en seis millones, ya que entonces, en un informe municipal, se valoraron esas 4,4 hectáreas en casi 15 millones.

No es el primer caso al que se enfrenta el ayuntamiento, que ya ha tenido que hacer frente a otras expropiaciones por suelo que empresas intermediarias compraron con una valor muy inferior al que luego se paga con fondos públicos tras una sentencia.