El Tribunal Supremo ha anulado una sanción privativa de libertad que hace ya tres años impuso un sargento a un guardia civil del puesto de Miajadas. El mando le impuso al agente una sanción disciplinaria de cuatro días de arresto domiciliario por una divergencia de opiniones.
Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), indicaron ayer a este diario, recurrieron en vía administrativa "y no nos hicieron ni caso", como tampoco en el Tribunal Militar Territorial, "a pesar de que existía un testigo, una agente que presenció los hechos, que en todo momento ha mantenido que fue el sargento el que trató de forma irrespetuosa al cabo y no al contrario". Y finalmente recurrieron al Tribunal Supremo que "a pesar de tener la oposición de la fiscalía militar y de la Abogacía del Estado nos ha dado la razón, ha considerado que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del agente, porque ante dos versiones contradictorias se tenía que haber tenido en cuenta la opinión del testigo".
El agente sancionado, José Luis Regidor, mostró su "enorme satisfacción, porque se ha hecho justicia", dijo, y aunque señaló que ha iniciado el oportuno expediente de responsabilidad patrimonial para solicitar daños y perjuicios, aseguró que el daño que le ocasionó el arresto "es absolutamente irreparable".
Por su parte, la AUGC demanda de los poderes públicos que en situaciones como la expuesta "sean los mandos sancionadores quienes abonen de su propio bolsillo las indemnizaciones pertinentes, dado que muchos mandos se amparan en la solvencia del Estado y en la impunidad de sus actos para proceder de manera gratuita contra los guardias civiles, conculcando sus derechos y libertades fundamentales, sin importarles lo más mínimo el daño que ocasionan. Los mandos tienen una impunidad total y los guardias se sienten indefensos", algo que la asociación considera necesario cambiar.
