La suspensión de empleo y sueldo a tres bomberos tras concluir el procedimiento abierto por los incidentes ocurridos en el pleno del 30 de diciembre del 2005 reabre la herida entre el colectivo del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios con el gobierno provincial. A pesar de que seis de los nueve expedientes incoados se han resuelto con el archivo o el apercibimiento, Francisco Peguero, representante de CSI-CSIF, acusó ayer al presidente provincial Juan Andrés Tovar "de volver a mentir y de querer crear la discordia entre los bomberos" por las sanciones, de tres meses, a los agentes Angel Domínguez (jefe de salida en Navalmoral), Domingo Macías (conductor-bombero en Cáceres) y José Blázquez (jefe de salida en este mismo parque).

Con el objetivo de estudiar las medidas de apoyo a los expedientados, Peguero anunció que la próxima semana está prevista una asamblea de trabajadores. Dijo sentirse "engañado" por el gobierno provincial y dejó claro que, si las sanciones se mantienen, planteará que las tres nóminas --de unos 1.500 euros-- se paguen entre todo el colectivo. "Vamos siempre juntos y estamos con ellos", subrayó el portavoz.

Aunque las versiones difieren por completo, Peguero mantuvo ayer que Tovar se había comprometido verbalmente en una reunión este año con tres representantes del colectivo --Joaquín Fernández de las Heras, Felipe Fernández y el propio Peguero-- a que todos los expedientes abiertos por los acontecimientos acaecidos en aquel pleno se iban a archivar. Sin embargo, Miguel Angel Morales, portavoz del grupo socialista y presente en ese encuentro, negó ayer que se hubiera producido cualquier compromiso en este sentido.

SIN INTERVENCION Morales aseguró que ni él ni ningún diputado se han comprometido en su presencia a que los nueve expedientes se iban a archivar. Argumentó que el gobierno provincial se limitó a trasladar el vídeo del pleno a la fiscalía y, posteriormente, a un asesor jurídico de la diputación que ha actuado como instructor durante todo el procedimiento administrativo. "No somos nosotros --el gobierno provincial-- los que sancionamos. Es la propuesta de resolución del instructor", aclaró.

Este portavoz, que negó cualquier intención de querer dividir al colectivo, desveló que esta propuesta de sanción del instructor a los tres bomberos era en principio de seis meses y que Tovar decidió, de acuerdo con su equipo, reducirla a tres. Esta postura, apuntó, se añade a la de no recurrir la sentencia del Juzgado de Instrucción número 6 en la que se absolvía a nueve bomberos expedientados de presuntas faltas contra el orden público. Ningún letrado de la diputación asistió a aquel juicio.

Sin embargo, Vicente Vega, abogado de los agentes, anunció ayer que hoy tiene previsto presentar una solicitud de aplazamiento o suspensión en el registro de la diputación para que no se ejecuten las sanciones, que entrarían en vigor el 15 de octubre. También dijo que acudirán a la vía contencioso-administrativa y agotarán todas las legales.

Las tres resoluciones sancionadoras consideran que los tres agentes son "autores de una infracción grave por desconsideración, con la sanción de suspensión de funciones por tres meses, como consecuencia de las expresiones vertidas frente a un superior jerárquico". El asesor jurídico calificó esta decisión de "injusta, desproporcionada y arbitraria" y señaló que el gobierno provincial "ha estado mancillando e intentando destrozar la reputación del colectivo de bomberos", sin que haya habido ningún tipo de sanción. En este sentido, consideró que los agentes "no habían tenido ningún ánimo ofensivo de intentar desprestigiar desde el punto de vista personal sino únicamente a su labor política".