El Tribunal de Cuentas (TCu) plantea varias objeciones al contrato que el ayuntamiento convocó a finales de 2013 para la adjudicación de la gestión del servicio de autobuses. Esta licitación se resolvió en 2014 y se concedió a Subus. Una de las observaciones que pone en su informe de fiscalización es que se estableciese en el pliego un límite a las bajas que podían presentar las empresas en el importe de la subvención a percibir del ayuntamiento, una cantidad que el consistorio pone para cubrir el déficit del autobús.

En el anteproyecto del servicio se estimó un déficit de 2.910.566 euros en el primer año de explotación. En el pliego, con el fin de evitar que hubiese proposiciones económicas temerarias, se precisó que no se podían hacer bajas superiores al 15% en la subvención estimada para cubrir el déficit. Dos de las cuatro empresas que se presentaron (Subus, que al final ganó el proceso, y Rober) plantearon bajas del 14,99%. La de la oferta de Alsa fue del 1,8% y Avanza se quedó en el 1%. Este era el criterio de adjudicación que más puntos daba.

El Tribunal de Cuentas apunta en su informe de fiscalización que esa limitación en el porcentaje de la baja «no fue acorde a los principios de adecuación de los contratos al precio de mercado y de economía de gestión de los fondos públicos», además recuerda que hubo dos empresas que llegaron a dicho límite.

GARANTÍA / En el informe también se cuestiona que se dejase en un millón de euros la garantía definitiva a depositar por el adjudicatario, precisando que la ley de contratos establece que la misma debe ser del 5% del importe total de la adjudicación. El tribunal recuerda que ese millón de euros es solo el 1,14% del precio del contrato, además hace referencia a la incongruencia que supone que en el pliego del concurso se establezca que dicha garantía se puede ir reduciendo de forma progresiva durante la vigencia del contrato sin que llegue a ser inferior al 2%, ya que puntualiza que por el coste que tiene el contrato ese porcentaje supondría 1.756.765 euros, cantidad que ya supera el millón que se exigía desde el inicio de la adjudicación.

Sobre este concurso, el tribunal también añade que en la oferta de Subus se proponía un beneficio industrial del 0,001%, es decir «prácticamente inexistente». Recuerda que en este criterio, a diferencia del de la subvención al déficit, «no se establecieron parámetros objetivos para apreciar el carácter anormal o desproporcionado» de las ofertas. Pese a ello, el TCu considera que en este caso hubiese sido conveniente solicitar al adjudicatario una justificación de su propuesta «habida cuenta del reducido porcentaje ofertado, que implicaba un beneficio industrial prácticamente nulo». Rober propuso un beneficio industrial del 4,4%, Avanza del 3% y Alsa también del 3%. Aunque este beneficio tan bajo reduce el coste del contrato que paga el ayuntamiento, el tribunal considera que se tuvo que pedir una explicación.

ALEGACIONES / En el informe de la secretaría general del ayuntamiento, que forma parte de las alegaciones del consistorio al TCu, se comparte el criterio del tribunal de que no se tuvo que poner un límite a las bajas sobre el cálculo de la subvención a percibir del ayuntamiento para afrontar el déficit de los autobuses. Sobre haber dejado la garantía en un millón de euros, en el escrito de la secretaría general se recuerda que por parte de la intervención del ayuntamiento se estimó que una garantía del 5% del importe de adjudicación era «excesivamente elevada» y se consideró que «tendría como consecuencia su repercusión en los costes del servicio», motivo por el que se dejó en un millón.