El técnico de la Oficina contra el Ruido, encargado de tramitar los expedientes sancionadores, declaró ayer durante dos horas como imputado por el 'caso Madrila' en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Cáceres después de cuatro aplazamientos. El responsable del órgano municipal manifestó que actuó "conforme a la ley" y que "dentro de su trabajo no entraba la adopción de medidas cautelares".

En ese sentido, la fiscal del caso, Olga Suárez, añadió que el responsable de la Oficina contra el Ruido testificó "lo mismo que declaró cuando fue llamado como testigo". Por su parte, el abogado de la exalcaldesa, Emilio Cortés, aseguró que el testimonio del imputado "se contradice con las normas del derecho administrativo", debido a que según aclaró el abogado, "en su anterior declaración, el actual imputado asumió ser el responsable de las infracciones y a día de hoy no".

Cabe destacar que el técnico ya declaró el pasado año en calidad de testigo hasta que se dictaminara su imputación en julio del 2013. Este testimonio cobra importancia en la instrucción en tanto en cuanto dos de los imputados, la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, han basado parte de su defensa en que delegaron toda responsabilidad en el encargado de tramitar las denuncias de los bares y que éste era quien sabía cómo se encontraban los expedientes a los bares denunciados por ser excesivamente ruidosos.

Con el testimonio del funcionario municipal finaliza la ronda de declaraciones de las partes imputadas para la instrucción del caso, según ha manifestado la fiscal, Olga Suárez, quien afirmó además que la fase de instrucción podría estar concluida por el mes de febrero o marzo, siendo entonces cuando la Juez del caso decida si ha habido delitos y quienes son los responsables.

CASO El proceso judicial se inició hace más de dos años, cuando en abril de 2011, la Asociación Cacereños contra el Ruido interpuso una querella en el que resultaron imputados 16 locales de la Madrila, la exalcaldesa, Carmen Heras, y el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado por un presunto delito de prevaricación medioambiental.

Tras el auto del 22 de junio del 2011, en el que el Juzgado de Instrucción nº 6 dictaminó que se denegaba la adopción de las medidas cautelares que proponía la Asociación ante la imposibilidad de individualizar los ruidos, el órgano judicial estimó el 12 de marzo de 2012, el recurso de apelación contra el auto dictado y dictaminó el cierre cautelar de 9 de los locales, entre los que se encontraban los bares de copas Poker Copas, Latinos, Barroco, Discoteca Down, Maquiavelo, Submarino, La Belle, La Cuerda y El Pasadena.

ARCHIVO DE LA CAUSA Asimismo, la defensa de las partes imputadas y los propios hosteleros solicitaron el archivo de la causa, una petición finalmente desestimada en un auto por la Audiencia Provincial de Cáceres hasta que la declaración del técnico municipal que tuvo lugar durante la mañana de ayer en el Juzgado de Instrucción nº 6.

De la misma manera, el auto dictado por el juez mantiene la imputación de la exalcaldesa, Carmen Heras y del exedil, Carlos Jurado. En el primer caso, el magistrado justifica su decisión en las declaraciones de la ex regidora municipal, en las que argumentaba que las resoluciones de los expedientes los leía y los firmaba ella misma. En el caso de exconcejal, el juez argumenta su resolución en la responsabilidad de Carlos Jurado como encargado del área de Seguridad Ciudadana en su momento y en su competencia como gestor de los determinados expedientes de sanción.