Cinco familias que residen en el barrio de Antonio Canales, en las calles Nueva y Peñaredonda, han alegado al Plan General Municipal, actual denominación del PGOU y que está en fase de aprobación provisional, porque planifica la desaparición de sus casas por la reordenación del espacio que ocupan. A pesar de que la alegación se presentó la semana pasada, fuera del plazo que finalizó el 3 de diciembre, el consistorio la ha remitido al equipo redactor del plan para que informe. Esta alegación se asemeja a otras que también se presentaron por vecinos a causa de las previsiones del plan de eliminar casas de San Roque y de León Leal y Alvaro López Núñez, aunque en el caso de San Roque el plan deja las previsiones de la normativa que está en vigor.

La alegación, presentada por uno de los afectados, busca que las casas de los números 5, 7 y 9 de la calle Peñaredonda y la 8 de Nueva, en la que residen dos familias, no se derriben, debido a que el nuevo plan reordena esta zona, que en su mayor parte está ocupada por un solar sin edificar que fue propiedad de Telefónica y que, según los vecinos, lo adquirió una promotora.

El objeto del plan es que en este solar y en el espacio que ocupan las cinco casas se hagan dos calles peatonales, un espacio libre o plazoleta en la calle Nueva y dos áreas de viviendas. La zona de actuación ocupa 4.500 metros cuadrados, de los que 2.056 son de los viales y del espacio libre. Para uso residencial se proyecta una edificabilidad de 4.269 metros cuadrados en dos plantas.

En la alegación se argumenta que las viviendas afectadas por el plan general son domicilio habitual, y que el conocimiento de que el plan general planifica su desaparición ha supuesto un fuerte impacto emocional. Frente a la planificación del plan de que se actúa en este espacio para el beneficio de toda la zona, en la alegación se considera que no es necesario disponer del suelo que ocupan las casas para ninguna ordenación que convenga mejor a los intereses generales.

En caso de que se ejecutasen las previsiones del plan general, las familias afectadas tendrían la opción de vender o de participar en el desarrollo de la nueva ordenación, de la que pueden salir unas 30 viviendas. Sin embargo, no son partidarios de ninguna de estas dos opciones, ya que su intención es que la intervención planificada en el nuevo plan no se lleve a efecto ya que pretenden conservar sus casas y entienden que sólo beneficiará a un único propietario, la promotora.