«Cuando más estaba evolucionando le retiran parte del tratamiento. Antes solo comía papilla, no se sostenía en pie... Ahora come sólido, puede mover algunas extremidades... Toda su progresión la han frenado en seco». Así muestra su frustración Marina Plaza Plata, la madre de Aroa Fontalba Plaza, una niña de 8 años con parálisis cerebral mixta (además de retraso madurativo, disminución de eficiencia visual y una enfermedad en el aparato circulatorio) que, a través del Sepad de la Junta de Extremadura, lleva recibiendo tratamiento totalmente subvencionado por el gobierno regional en Aspace desde hace seis años y en el colegio Proa desde hace dos.

Sin embargo, dos de los tres tratamientos que recibe hasta ahora en Aspace le serán retirados inminentemente. Aroa, que cuenta con un grado de discapacidad del 77% según la última evaluación del Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Cadex) del 2 de mayo, recibe atención en Aspace en logopedia, fisioterapia y estimulación temprana, pero dejará de hacerlo en logopedia y fisioterapia, atenciones que sí recibe en el colegio Proa pero solo en un par de sesiones «de media hora a la semana», confiesa Marina, que ayer expuso su caso en el pleno ordinario del mes del ayuntamiento justo después de que se rechazara una moción presentada por el PP que reclamaba el acceso inmediato de los niños de seis años con discapacidad a las terapias que necesiten. «Hasta la última evaluación la discapacidad de Aroa era del 66%. No entiendo por qué le retiran tratamientos si incluso le diagnostican mayor grado de discapacidad», remarca Marina.

Sobre la retirada de estos dos tratamientos en Aspace, el Sepad argumenta, en la resolución a la que ha tenido acceso este diario, que obedece a que la atención que necesita Aroa «está cubierta por el Centro de Educación Especial en el que esta escolarizada», en este caso el colegio Proa. A su vez, fuentes de la consejería de Políticas Sociales defendieron que los profesionales del Cadex valoran «de manera razonada y técnica» la continuidad del tratamiento. En ese sentido, aseguran no poner en duda «la profesionalidad de estos técnicos», si bien también recuerdan que la familia «tiene derecho a recurrir».

Marina confirmó ayer que lo harán. El caso está en manos de su abogado y tienen hasta el 25 de junio para recurrir la resolución del Sepad.