Siete años después de que la asociación Cacereños contra el ruido presentara una querella criminal por los ruidos de La Madrila el caso llega por fin a juicio. Comenzará esta mañana en el Juzgado de lo Penal 2 de Cáceres, aunque la sala que se habilitará para su celebración será la del tribunal del jurado de la Audiencia Provincial, al ser la de mayores dimensiones del palacio de justicia. Se espera una gran expectación, de hecho es la primera vez que se solicita acreditación a los medios de comunicación, y está previsto que se alargue hasta el 31 de octubre. Habrá trece acusados sentados en el banquillo: la exalcaldesa Carmen Heras, el exconcejal Carlos Jurado y once hosteleros, propietarios o gestores de los nueve locales relacionados con la presunta contaminación acústica por la que fueron denunciados.
La primera sesión será una de las más esperadas por estar llamada a declarar Carmen Heras, a quien Fiscalía y acusación particular (que representa a la asociación Cacereños contra el ruido) solicitan una pena de un año y nueve meses de prisión y nueve de inhabilitación para empleo o cargo público; misma pena que piden para Jurado. Consideran que son culpables de un delito de prevaricación medioambiental al no haber puesto freno a los ruidos y molestias que generaban los locales de copas.
LOS EXPEDIENTES / La querella se presentó en el año 2010, cuando Heras era todavía alcaldesa y responsable de la Policía Local (estuvo al frente del ayuntamiento entre 2007 y 2011) y Jurado era el concejal de Seguridad Ciudadana, por tanto el encargado de gestionar los expedientes que por aquel entonces se abrieron a los establecimientos por ruidos y horario de cierre. Algunos de los bares acumulaban varias denuncias y sanciones, sin embargo Fiscalía y acusación particular estiman que ambos hicieron dejación de funciones al no resolver los expedientes. Conviene recordar que el problema de los ruidos no solo se concentra en esas fechas sino que viene de tiempo atrás, ya que los vecinos han tenido que soportarlo durante más de tres décadas.
En principio se investigó a 16 locales de la zona de copas, aunque finalmente solo están implicados en el caso nueve: Latino’s, Submarino, Sugar, Maquiavello, Poker (que también se llamó Tacones), La Cuerda, La Belle, Barroco y Down. De todos solo estos dos últimos permanecen abiertos, el resto están cerrados. Cabe recordar que la Audiencia Provincial ordenó la clausura cautelar de todos ellos en el año 2012 hasta que no acreditaran que habían llevado a cabo obras de insonorización que impidieran las vibraciones y los ruidos. Latino’s, Barroco y Down las hicieron pero el primero decidió no continuar con su actividad.
Fiscalía y acusación particular solicitan para los hosteleros tres años de prisión y dos de inhabilitación. La acusación particular pide además que indemnicen a los afectados con 297.000 euros. La Fiscalía también solicita indemnizaciones pero solo especifica que a tres de ellos se les paguen 5.000 euros, al resto, una veintena, la indemnización deberá detallarla la Sala tras el juicio. El ayuntamiento estará representado por un abogado en la vista oral a petición de la acusación particular, ya que solicita que sea considerado responsable subsidiario en el caso de que los hosteleros sean considerados culpables y se declaren insolventes.
Por el momento ninguno de ellos ha alcanzado un acuerdo ni con el Fiscal ni con la acusación particular, aunque sí ha habido acercamientos para ello. Es posible que esta mañana, antes de que comience el juicio, algunos de los hosteleros cierren ese acuerdo y no tengan que someterse a la vista.
PROBLEMAS MÉDICOS / Hoy acudirán además los 16 afectados por los ruidos de los que parte la denuncia. Declararán como testigos entre el 4 y el 16 de octubre (declararán más afectados a petición del Ministerio Público). El presidente de Cacereños contra el ruido, Fernando Figueroa, insiste en que el problema de los ruidos continúa, aunque en menor medida. Señala que las vibraciones por la música han desaparecido pero el problema se centra ahora en la gente que se concentra en la calle a la hora del cierre de los locales de copas o para fumar. Muchos de los afectados han presentado en el juzgado informes forenses acreditando que han sufrido problemas médicos y psicológicos a causa de los ruidos. Otros se vieron obligados a vender sus viviendas. Todo lo contarán ante el juez.
