La diputación provincial ha pedido por escrito al ayuntamiento el pago de una deuda de 2,3 millones del convenio establecido por ambas administraciones para el mantenimiento de la instalación del parque de bomberos. La cifra adeudada es de "los últimos seis años", según manifestó la portavoz del grupo socialista, Carmen Heras, que ayer se refirió a que esta comunicación se remitió el miércoles. El alcalde, José María Saponi, comentó ayer, en un encuentro informal con los medios de comunicación, que ese escrito ya lo tenía encima de la mesa.

No es la primera vez que desde la diputación provincial se reclama el consistorio el pago de la deuda del convenio. La última vez fue el pasado día 15, cuando la diputada de Personal, Ana Soguer, aludió en medio de la crisis de los bomberos al pago de este débito, aunque en esa ocasión la cifra que dio fue de 1,6 millones referida a los últimos cinco años. Heras apuntó que en la comunicación enviada al consistorio se especifica que el acuerdo "viene siendo incumplido" y que la cantidad adeudada en los últimos seis años es 2.342.039 euros.

La portavoz socialista también comentó que en ese mismo escrito la diputación da un plazo de quince días al ayuntamiento para que se presenten alegaciones y que en caso contrario "se rescindiría la colaboración" que viene establecida en el convenio.

El alcalde indicó que en ese escrito la diputación provincial anuncia su intención de denunciar el convenio, al mismo tiempo que recordó que en la relación entre ambas administraciones hay distintas "cuentas que están pendientes, con un dinero a favor de ellos y otro a favor nuestro, y en eso estamos".

El concejal delegado de Economía, Andrés Nevado, comentó que se verá "qué deben y qué debemos, cómo está esa liquidación" que se reclama del convenio del parque de bomberos, y añadió que "en cualquier caso, la intención del ayuntamiento es de colaboración institucional con la diputación" provincial.

ACUERDOS El concejal precisó que esta relación es independiente de la que se tiene con la diputación provincial para que su organismo de gestión tributaria se encargue de la recaudación de tributos locales y de la gestión catastral. El acuerdo para actualizar el censo del IBI se dictaminó a favor en la comisión local de Economía celebrada ayer, mientras que el convenio para la gestión de la recaudación está sólo pendiente de que la institución provincial se pronuncie "sobre la subrogación del personal de Gemaca (sociedad de capital municipal que realiza el servicio de recaudación)" y su posible incorporación a diputación, explicó el concejal de Economía.

El diputado de Economía, Miguel Angel Morales, recordó que "en muchas ocasiones" ayuntamiento y diputación han tratado este asunto. Ahora la diferencia es que "esta vez queremos, al asumir unos aumentos y gastos, que se corresponsabilice el ayuntamiento, que firmó un convenio y que queremos que se cumpla". Morales indicó que el objetivo final no es romper la relación, "sino que se cumpla el convenio, nuestra voluntad es negociar, queremos que se cumpla".

La falta de una respuesta a la deuda con la diputación fue una de las cuestiones a las que aludió Felipe Vela cuando detalló las razones de índole económico por las que dejaba el gobierno. Desde el gobierno local se ha insistido en los últimos meses que diputación provincial también tiene una deuda con el consistorio por diversos conceptos.