Los trabajadores de Canal de Isabel II muestran su sorpresa por el anuncio de la empresa sobre su intención de abandonar Cáceres. Dicen que los empleados son la parte más afectada «por todo este despropósito» porque la actual empresa adjudicataria y la anterior (Acciona) «han reducido tanto cuantitativa como cualitativamente las garantías sociales y los derechos de los trabajadores». El comité de empresa celebró ayer una reunión para analizar la situación y pide al ayuntamiento que se implique para ayudar a los miembros de la plantilla.

Señalan en un comunicado que Canal impone a los empleados de Cáceres restricciones provenientes de la comunidad de Madrid como «la ampliación de la jornada laboral, la congelación de ayudas sociales o la limitación de contrataciones»; mientras que «no aplican las mejoras propias de la ley de presupuestos generales de la comunidad de Madrid». Es, dicen, la ley del embudo: «lo estrecho para los trabajadores y lo ancho para la empresa».

Y añaden que «después de todos los presuntos casos de corrupción» la empresa ha obtenido un beneficio de 232 millones de euros en 2015 y en 2016, sin embargo «efectúa recortes para los trabajadores de Cáceres, que supondrían un porcentaje ínfimo y ridículo en ese montante de beneficios», señala el comité de empresa. Y recuerdan que esto que le quitan a los empleados cacereños «no redunda en la ciudad de Cáceres, sino que beneficia solo a Madrid».

Solicitan asimismo al ayuntamiento que haga «respetar todas las condiciones laborales que tenían los trabajadores» antes de que se hiciera cargo del servicio de aguas Canal y que «fiscalice y haga cumplir escrupulosamente» el pliego de condiciones. En este sentido el consistorio aseguró ayer «que hará lo que se tenga que hacer en cada momento, siempre trabajando por los intereses de los cacereños». SIRA RUMBO