Una calefacción que no calienta, filtraciones de agua en tejados, fachadas y ventanas, suelos mal colocados, escaleras de terrazo por mármol. Estas son algunas de las deficiencias constructivas e incumplimientos del proyecto que sufre el edificio Parque del Príncipe, en el R-66 (avenida Díaz de Bustamante, 5-7), y que tendrán que subsanar por orden judicial la promotora Donkasa, la constructora Noriega y sus técnicos.

Los 33 vecinos de este bloque denunciaron hace cinco años ante los tribunales los fallos que padecían sus viviendas y ahora les han dado la razón en el primer fallo judicial por deficiencias constructivas del 2005.

La Audiencia Provincial de Cáceres ratificó el pasado día 22 de febrero una sentencia anterior del juzgado de instrucción número 1, que condenaba a los demandantes a hacer frente a la reparación de todos los defectos denunciados. La sentencia ahora confirmada fue recurrida en primera instancia por Donkasa contra el pago de las costas del proceso judicial, que también tendrá que asumir como fijaba el fallo inicial.

INDEMNIZAR POR DESALOJOS La comunidad valoró hace cinco años los fallos de construcción en más de 240.000 euros. Sin embargo, "hay algunas deficiencias que no han podido ser cuantificadas de momento, como la reinstalación del sistema de calefacción" , explicó ayer el abogado de la comunidad de propietarios, Braulio Caldera. Los pisos se entregaron en 1998.

La sentencia estipula además el pago de indemnizaciones a los vecinos por daños y perjuicios por el desalojo de sus viviendas para la ejecución de los trabajos de reparación. Así, los demandados tendrán que pagar 30 euros diarios a cada vecino por abandonar su casa y durante todo el tiempo que duren los arreglos. Otros 30 euros al día por cada miembro de la familia propietaria del piso por gastos de alojamiento y manutención durante el desalojo. También, una tercera indemnización de 600 euros a cada propietario que se vea obligado a trasladar mobiliario o contratar un guardamuebles.

La comunidad de propietarios pedirá en breve la ejecución de la sentencia, que ya es firme, para que se lleven a cabo las obras. El juez dará un plazo para la realización de las mismas y, de no cumplirse, los vecinos podrán realizar subsidiariamente los trabajos con cargo a los demandados según les corresponda, ya que la sentencia delimita la responsabilidad de cada demandado dependiendo de los defectos que deben subsanarse.