El futuro de la base militar de Santa Ana ha estado en el aire en los últimos tres años y medio, aunque es un periodo con dos etapas muy diferentes. En la primera (marzo 2001-enero 2003) se daba por seguro el cierre de la instalación militar. Las palabras del entonces jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo, eran muy claras, y hasta en dos ocasiones, en marzo del 2001 y en marzo del 2002, anunció el desmantelamiento de la base.
La segunda etapa coincide con el relevo de Alfonso Pardo por Luis Alejandre en la jefatura del Estado Mayor del Ejército de Tierra. La diferencia entre las visitas a Cáceres de Pardo y las de Alejandre era que el primero venía a hablar de cierre y el segundo de alternativas de uso. Alejandre sustituyó a Pardo el 21 de enero del 2003, y desde entonces los mensajes de Defensa sobre el mantenimiento de la base provocaron más optimismo que pesimismo.
Pardo de Santayana anunció en marzo del 2001 que la continuidad de la base sólo estaba garantizada hasta finales del 2002 a causa de que los soldados profesionales se formarían en academias. Un año después, en una visita a Bótoa, aseguró que no había alternativas, un mensaje que coincidía con la política del ministerio, que había anunciado que se desprendería de patrimonio y propiedades para afrontar su programa de inversiones.
Pero ese propósito chocaba en Cáceres con la ley del Suelo, que pone condiciones a la utilidad que se dé al terreno que pierda su uso militar, que sólo puede destinarse a un fin público o a la construcción de pisos de promoción pública, limitaciones que están en vigor desde enero del 2002 y que restan la rentabilidad que el ministerio podría obtener de sus propiedades.
Movimiento ciudadano
El anuncio del cierre de la base motivó que en el 2001 se crease una plataforma ciudadana a favor de su continuidad, colectivo que estuvo muy activo en la segunda mitad de ese año y durante los primeros meses del 2002. Otro frente que se abrió para favorecer la continuidad de las instalaciones militares estuvo en el Congreso de los diputados, donde el socialista Victorino Mayoral presentó en la pasada legislatura hasta cuatro propuestas en defensa de que las dependencias cacereñas no perdieran su uso.
Las gestiones del ayuntamiento, de la Junta y de los mandos militares del acuartelamiento completan el trabajo realizado a favor de la base, que tuvo su primer gran resultado el pasado verano, cuando Alejandre visitó Cáceres y no habló de cierre, y que ha tenido su solución definitiva ayer con el anuncio de Bono.
