El Tribunal de Cuentas cuestiona el proceder del Ayuntamiento de Cáceres en su informe del sector local correspondiente al ejercicio del 2000. El órgano fiscalizador señala en su estudio que la presentación de las cuentas del citado año ante el tribunal se hizo fuera de plazo y que no se aportó la totalidad de la documentación. En la gestión de los servicios públicos advierte de que la prestación indirecta, que en el municipio de Cáceres se da en muchos de los servicios, es al final más cara para los usuarios.

El grupo socialista dio a conocer ayer estas observaciones del tribunal fiscalizador, que, según puntualizó su portavoz, Carmen Heras, vienen a dar la razón al PSOE en sus denuncias sobre la falta de transparencia y de cumplimiento de todos los trámites en el cierre de las cuentas generales anuales del ayuntamiento.

Aunque el informe de los sectores autonómicos y locales analiza unas cuentas que son de hace cinco años, la resolución de la comisión mixta de las Cortes Generales para las relaciones con el Tribunal de Cuentas es de septiembre del pasado año, y la publicación de su contenido, con un listado de veinte recomendaciones y con la totalidad del informe, que en el boletín de las Cortes ocupa casi un millar de páginas, no se publicó en el BOE hasta el pasado mes de enero.

El grupo socialista desgranó las referencias que a Cáceres se hacen en el informe. La primera alusión de Heras, a quien acompañaba el portavoz socialista en la comisión de Economía, Lorenzo de la Calle, sobre el estudio fue la denuncia del tribunal por el incumplimiento de los plazos para la presentación de las cuentas. La segunda mención al estudio del órgano fiscalizador fue para resaltar que las cuentas del ejercicio del 2000 no se acompañaron de las memorias justificativas del coste y rendimiento de los servicios públicos y de las memorias demostrativas del grado de cumplimiento de los fines programados con indicación de los previstos y los alcanzados.

Heras recordó que al incumplirse el plazo y no aportarse la documentación se vulnera la Ley de Haciendas Locales, que exige que se cumplan estos dos trámites. Otras observaciones que aparecen en el informe hacen referencia a la falta de otros anexos que tenían que haberse incorporado a las cuentas, como el estado de la deuda y de los gastos con financiación afectada.

Pero fue en la fiscalización de los servicios públicos que realiza el tribunal en lo que más se extendió el grupo socialista. El tribunal analiza seis servicios. Respecto al agua, la recogida de basura y la limpieza viaria realiza observaciones como que la gestión indirecta, con la concesión de la gestión del servicio a una empresa, supone que los precios para los usuarios y los costes para el consistorio sean mayores. En cuanto al autobús, destaca que los costes por habitante se asemejan al de los municipios de más de 100.000 habitantes.