El TSJEx anula el reglamento que aprobó la diputación para nombrar a sus altos cargos

«Debemos anular y anulamos el mismo (el reglamento) en todo lo referente al personal directivo profesional», señala exactamente el fallo del TSJEx. El Alto Tribunal llama la atención de la institución porque se ha extralimitado en sus funciones, ya que el régimen jurídico de los directivos no puede ser regulado por las administraciones locales, sino que es competencia del Estado o de los gobiernos autonómicos.

Según el fallo el reglamento incumple el artículo 13 del estatuto básico del empleado público, que establece que «el Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo, así como los criterios para determinar su condición». En base a esto la sala determina que la diputación «carece de potestad para reglamentar la figura del personal directivo». Sí reconoce el TSJEx que las bases de régimen local permiten que los reglamentos orgánicos incluyan la posibilidad, de manera excepcional, de que el personal directivo no tenga la condición de funcionario (requisito indispensable según se recoge en el estatuto básico del empleado público). Esto ocurre con cuatro directivos nombrados por el actual equipo de gobierno.

Sin embargo el problema se centra en que en dicho reglamento orgánico la institución regula ciertos aspectos de los altos cargos que no son de su competencia, como son las retribuciones, los ceses, la responsabilidad atribuida por su gestión o la evaluación de resultados. «De ahí que el reglamento orgánico, como ha entrado en tales cuestiones, es nulo por infringir el referido artículo 13 del estatuto básico».

El fallo no impone el pago de las costas a la institución. El equipo de gobierno ya ha anunciado que interpondrá recurso de casación al Tribunal Supremo, al no compartir los argumentos de la sentencia.

Fue el Partido Popular el que denunció la aprobación de este reglamento, presentando primero un recurso de reposición contra el acuerdo plenario, que no fue aceptado por diputación. El PP se dirigió después a los tribunales para interponer un recurso contencioso administrativo. Según indicó ayer el portavoz de los populares, Alfredo Aguilera, el reglamento ya tenía informes en contra de la intervención por lo que era «a todas luces ilegal». Se hizo, añadió Aguilera, «solo para intentar legalizar los nombramientos a dedo». Asegura que el fallo afecta directamente a cuatro puestos: el de director del Área de Economía y Hacienda; el de director adjunto de Gestión Presupuestaria; el de coordinador de Servicios Estratégicos de Desarrollo Territorial y el de director adjunto de Asesoramiento Financiero y Jurídico. Según Aguilera ninguno de ellos reúne los requisitos para ser personal directivo, ya que dos de ellos son personal laboral, otro pertenece al grupo A2 y el último no es empleado público, sino que trabaja para la empresa privada.

PIDEN QUE SE LES CESE / Así el portavoz del Partido Popular pide que se cese a estos altos cargos y se pregunta si las decisiones adoptadas de acuerdo a los informes emitidos por dichos directivos pueden ser consideradas nulas, entre ellas el presupuesto.

Por su parte el equipo de gobierno asegura que el fallo no «obliga a cambiar la estructura creada en la diputación ni tampoco a las personas que ocupan los puestos creados en dicho organigrama», sino que simplemente habrá que limitar algunas funciones atribuidas a estos altos cargos. Acusa al PP de querer «atacar y hacer daño a determinadas personas» (se refiere a los directivos) y exige a los populares que «comiencen a trabajar por los pueblos de la provincia, ya que lo único que están haciendo es judicializar asuntos que en otras administraciones se realizan con normalidad».