La empresa Emo Obras, Construcciones, Contratas y Proyectos relevó ayer a Adomi Sacor al frente de la explotación de los 57 apartamentos del campus universitario. Es una nueva etapa tras diez años de gestión de Adomi Sacor que no se cierran del todo porque siguen pendientes de resolverse la demanda promovida por la Uex en la que se reclama al ayuntamiento el pago de 120.000 euros del consumo eléctrico en los apartamentos del periodo 2008-2016 y la denuncia presentada por el grupo municipal socialista ante la fiscalía. Ambos procesos tienen su origen en el anterior contrato con Adomi Sacor.
El nuevo contrato de concesión de los 57 apartamentos dobles (114 plazas) se firmó ayer entre el alcalde en funciones, Pedro Muriel, y el gerente de Emo Obras, Enrique Macizo. La principal diferencia con el anterior es que deja de ser un servicio público, pero para que las edificaciones no queden sin utilización lo que hace el consistorio es un contrato demanial de uso privativo de las instalaciones. Concede los apartamentos a Emo Obras a cambio del pago de un canon anual de 8.473 euros, del cumplimiento de las condiciones que se fijan en los pliegos del concurso y de una inversión que tiene que acometer la empresa por importe de 500.000 euros para el acondicionamiento de los edificios.
La duración del contrato se eleva hasta los 25 años para precisamente dar tiempo a la empresa para que amortice la inversión a realizar y en base al estudio de viabilidad que elaboró el ayuntamiento.
La demanda de la universidad tiene su origen en que ha asumido un gasto de consumo eléctrico en los apartamentos por importe de 120.000 euros que ahora reclama al ayuntamiento porque en el convenio que se firmó en 1991 para la construcción de los pisos el consistorio se comprometía al mantenimiento de su funcionamiento. La respuesta del ayuntamiento, además de recordar que la gestión de los apartamentos es un servicio impropio de la administración local, ha sido que el pago del consumo eléctrico era una obligación de la anterior concesionaria, Adomi Sacor, y que la universidad demanda el abono de una deuda sin una justificación de los importes reclamados, consideración que también hizo la anterior concesionaria.
En la denuncia que el grupo socialista presentó en marzo ante la fiscalía se pone de manifiesto que el gobierno local y la alcaldesa mantuvieron y prorrogaron el contrato con Adomi Sacor pese a que se incumplía la ley de contratos del sector público y que se podía estar ante un presunto delito de prevaricación administrativa. Uno de los argumentos de la denuncia del PSOE es que se prorrogaba el contrato sin que la empresa presentase el certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
En una resolución de la alcaldía del pasado mayo se acordó la incoación de expediente administrativo para la prohibición de contratar con Adomi Sacor al no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Este acuerdo de prohibición para contratar se publicó en el BOP del jueves.
