La Federación de Servicios Públicos de UGT denunció ayer mediante un comunicado la actitud de la diputada de Personal, Ana Soguer, "por la forma de llevar unilateralmente a efecto el proceso de recolocación de los trabajadores del hogar infantil Julián Murillo y no cumplir el acuerdo con las centrales sindicales". Tal como informó ayer este diario, Soguer mantuvo un encuentro el pasado miércoles con 18 trabajadores del Julián Murillo y con el director y subdirector del centro, a quienes informó de que estos primeros empleados serán ubicados en otros departamentos de la institución provincial.

El sindicato pidió participación y dijo que si se sigue con "este proceso de forma unilateral, nos veremos en la obligación de tomar las medidas legales oportunas". Además, FSP-UGT puso de manifiesto la necesidad de seguir con las negociaciones con la Junta de Extremadura "para evitar el cierre".

REUNION Por su parte, la diputada dijo que no tenía "oficialmente noticias de esta nota de los sindicatos" y que no podía responder a la prensa de algo que no conoce. Aclaró, eso sí, que para hoy ya estaba prevista una mesa de empleados públicos de la diputación, en la que hay, dijo, "diferentes representantes de los sindicatos". La intención es escuchar el planteamiento sindical e informar.

La diputación ya ha iniciado el proceso de recolocación de los trabajadores tras el anuncio de denuncia del convenio que la institución provincial mantiene con la Consejería de Bienestar Social desde 1988 y que se romperá en el 2007. Como la Junta ha dicho que no asumirá a los empleados, el gobierno provincial realizará el proceso de reubicación de forma paulatina y no inminente, en función de las necesidades de las dos instituciones que firmaron el convenio.

Por otro lado, la consejera de Bienestar Social, Leonor Flores, aseguró ayer en la Asamblea a preguntas de Javier Casado (PP), la voluntad del Ejecutivo por negociar con la diputación para que el centro continúe abierto en Cáceres, bien en su actual ubicación o en otro sitio.

La consejera, según informa Europa Press, resumió las sucesivas entrevistas mantenidas con la diputación a fin de intentar mantener el convenio al no considerar "conveniente" el cierre del centro, donde ahora residen 23 niños. Dejó claro así que la Junta no ha querido interrumpir dicho convenio, pero que cuando surge esta situación "se intenta buscar otra alternativa".

Por su parte, Casado instó a hacer "lo imposible" para que siga abierto en esta ubicación u otra, y con ello "no peligre la atención a los menores allí acogidos, ni tampoco los puestos de sus trabajadores", ya que es el único en la región en el que exclusivamente hay niños de 0 a 6 años. Destacó la "alarma social" generada en Cáceres por el posible cierre del centro, abierto desde 1981. Consideró una "incoherencia" la clausura porque cuenta con 66 trabajadores y en el último año se han invertido 240.000 euros para su mejora.