Un cambio en la ley permitirá que zonas de ocio nocturno como la Madrila puedan generar más ruido. En plena batalla judicial entre vecinos y hosteleros, que ha acarreado ya el cierre cautelar de ocho establecimientos en la zona de copas por excelencia de la capital cacereña --dos han podido reabrir tras realizarse mediciones en sus locales y las viviendas de los denunciantes--, un real decreto publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado modifica la normativa nacional del año 2003 por la que se fijan los límites acústicos en zonas al aire libre. Este cambio viene motivado por una sentencia de julio del 2010 del Tribunal Supremo que estima un recurso contra el real decreto del 2007 que se desarrolla la ley.

Aunque la ordenanza municipal del ruido aprobada en el 2009 por el ayuntamiento establece unos parámetros más restrictivos en zonas para uso recreativo y de espectáculos y residencial, el Gobierno aumenta el impacto, hasta el punto de incrementar en diez puntos los índices máximos permitidos. De esta forma, la ordenanza tiene que adaptarse a la ley al ser de rango inferior y el ruido exterior, del que vecinos de la Madrila hacen responsable a los establecimientos de copas, puede ya aumentar en este barrio donde se concentran los establecimientos que cierran más tarde y más público reúnen en el exterior.

La ampliación de los límites de ruido no hace otra cosa que provocar una mayor problemática en zonas especialmente sensibles al ruido, máxime en la Madrila, que fue declarada "saturada" en la ordenanza del ruido hace casi diez años con el fin de que no se abrieran más locales.

Sin embargo, lejos de ser una solución, los acontecimientos han puesto de manifiesto que se sigue generando ruido en el exterior, extremo que ahora corrige el real decreto, aunque los hosteleros siempre hayan defendido que no es competencia suya, sino de las fuerzas de seguridad, evitar que se generen molestias porque sus clientes salgan a fumar o hagan colas.

Precisamente, este fue uno de los argumentos que esgrimieron los locales cerrados para desmarcarse del informe que la asociación Cacereños Contra el Ruido adjuntó a la querella. Las mediciones realizadas por la Guardia Civil, claves para que la Audiencia decretara la clausura, se hicieron en plena calle, sin entrar en los bares, a diferencia de las que se practicaron después, por petición de los hosteleros al juez, dentro de pisos y locales.

Los querellantes señalaron en un plano, según registros que el Seprona realizó en el 2009, a qué locales de la Madrila creían que correspondía el ruido ambiente y que, hasta un total de 16, fueron denunciados en el juzgado. Seis de los ocho, tras haberse medido solo la mitad, siguen clausurados temporalmente.