Los usuarios suelen tener un claro recelo ante las instalaciones de gas de sus casas. Las complejidades técnicas, las revisiones, los plazos o el temido peligro de explosión han motivado la proliferación de una serie de empresas que, aunque operan desde la legalidad, aprovechan este desconocimiento de los ciudadanos para hacer inspecciones por sorpresa y realizar mejoras innecesarias, cobrándoles por ello facturas elevadas. Además, cuando el inquilino presenta cualquier tipo de reclamación se topa con otro problema: estos negocios ni siquiera tienen una sede en Cáceres e instan al cliente a desplazarse cientos de kilómetros.
Así le ha ocurrido por ejemplo a un cacereño, al que una empresa debe devolverle 12,19 euros y está dispuesta a pagarle, pero le ha comunicado que tiene que recoger el dinero en sus oficinas de Fuenlabrada. "Huelga decir que no los va a cobrar, y que además estos abusos suelen cometerse sobre personas mayores. Hemos tenido incluso quejas de familiares tras comprobar con estupor cómo algún desaprensivo ha logrado hacer firmar una factura a un allegado aquejado de Alzheimer", explica Juan Bazaga, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex), que ha recibido quejas desde distintos municipios de la provincia.
Las instalaciones de gas natural se revisan cada cinco años y este trabajo solo compete a la distribuidora (Gas Extremadura en el caso de Cáceres), que además aplica una tarifa establecida (alrededor de 38 euros más IVA) y que acude un día prefijado. El problema estriba en las instalaciones no alimentadas desde redes de distribución, es decir, que funcionan con bombonas de butano, ya que también deben inspeccionarse cada cinco años pero no hay tarifas reglamentarias ni compañía asignada: puede hacerlo cualquier empresa autorizada presentando un presupuesto. "Ahora bien, aparatos como estufas de gas, braseros, barbacoas o cocinas tipo libro no están sujetos a revisiones, solo hay que cambiar la goma naranja cuando caduca, y la fecha viene claramente indicada en la propia goma", explica Rosa González, técnica de consumo de Acuex.
Sin embargo, cuando un operario de una empresa del gas llama al timbre sin previo aviso y pregunta si está todo a punto, las dudas asaltan al ciudadano, que en muchas ocasiones deja al especialista que entre y lo evalúe por él mismo con tal de sentirse seguro. Es cierto que la normativa obliga al usuario a mantener, conservar, explotar y hacer buen uso de la instalación, de tal forma que se halle permanentemente en servicio y con un nivel de seguridad adecuado, pero el desconocimiento generalizado y el temor a explosiones hacen que algunas empresas ofrezcan servicios "que no están del todo claros, puesto que o no son necesarios, o no se adaptan a la normativa", indica González.
CAMBIO DE GOMAS Por ejemplo, a veces se han cambiado gomas que aún podrían funcionar, o se suscriben contratos de mantenimiento que resultan poco ventajosos o que incluso duplican a otros ya existentes. "Los consumidores de avanzada edad suelen ser los más perjudicados, se da con más frecuencia de lo que éticamente sería deseable", lamenta la especialista. Además, en las facturas, este tipo de cambios se detallan como a petición del usuario . "Ahora bien, las empresas están autorizadas, ejercen desde la legalidad, otro asunto es si su modo de trabajar puede calificarse de correcto", precisa González.
Estas quejas se han sucedido en enero y en distintos municipios, y han sido denunciadas ante la Guardia Civil. En todo caso, la asociación Acuex recomienda que antes de encargar ningún trabajo en el hogar, el consumidor se asegure que la empresa tiene una oficina en la región.
