La Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura considera que la tarifa del agua en vigor se aplica "sin estar legalizada", según aseguró Santiago Márquez Broncano, presidente del colectivo, quien argumentó su denuncia en que la tarifa se autorizó sin contar con la aprobación definitiva de la Comisión Regional de Precios. La protesta de Márquez tiene su origen en unos hechos ocurridos hace casi un año, y los recuerda ahora porque está en estudio la actualización de los precios. La tarifa en vigor es del quinto bimestre del 2002, y la Comisión Regional de Precios acordó dejarla sobre la mesa en diciembre de ese año "para obtener los datos necesarios y analizarla, y, sin embargo, se comenzó a aplicar", apuntó Broncano.
La revisión de la tarifa del pasado año fue la primera que se presentó a la comisión de precios, y se empezó a aplicar porque transcurrió el plazo legal marcado por la legislación de régimen local para que la administración autorizante se pronunciase, explicaron fuentes municipales. El texto refundido de la ley de régimen local establece un plazo de tres meses, y si no hay una resolución en ese periodo, se entiende que la tarifa está aprobada. En el citado texto se regula que la tarifa debe ser suficiente para financiar el servicio, lo que no pasa en Cáceres, ya que con la tasa se sufraga el 74% del total, además fija que la administración autorizante debe compensar por lo que se deje de ingresar si considera que la revisión no es procedente.
