Las comunidades de propietarios han iniciado la batalla legal contra el ruido, y esta vez parece que va en serio. Los vecinos de Cáceres han tomado ejemplo de otras ciudades y han puesto su calvario en manos de abogados. Los primeros resultados se han dejado notar en tres locales de copas de la movida: Café Cantante, Rita y bar Justo.
La comunidad de vecinos del número 27 de la avenida Virgen de Guadalupe acudió al letrado José Luis Fernández Simón para tratar de buscar una solución al problema de ruidos que le causaba el denominado Café Cantante. En principio al local se le efectuaron tres mediciones por ruido que arrojaron resultados por encima de los 30 decibelios máximos permitidos por la ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente en materia de ruidos y vibraciones y por el decreto 19/97 de la Junta en la franja horaria que va desde las diez de la noche hasta las ocho de la mañana.
Según explica Fernández Simón, algunas de las mediciones "arrojaron resultados escandalosos". Se tomaron en dos de las viviendas del edificio que se veían más afectadas por el problema. En algunos dormitorios se alcanzaban 41 decibelios.
Las mediciones se usaron para entablar la correspondiente acción civil. La sentencia dictada declaró que los ruidos eran "molestos e ilícitos". Se condenó a la empresa a cesar en la causación de los mismos así como al pago de las costas judiciales.
Pese a la sentencia dictada, la empresa no cumplió lo estipulado e incluso el juzgado requirió en diversas ocasiones al titular del negocio. Posteriormente, el ayuntamiento, a instancias de la comunidad, realizó el pasado 6 de octubre una medición que arrojó 36 decibelios. El consistorio abrió entonces un expediente sancionador que incluía la clausura y precinto del equipo de música, la colocación de un limitador de sonido y el pago de una multa de 3.000 euros (500.000 pesetas).
LA MARCHA DE UNA VECINA
Si el negocio vuelve a incurrir, los vecinos denunciarán el caso por vía penal, tanto por un delito de desobediencia a la autoridad judicial como por un delito contra el medio ambiente. Fernández Simón recuerda que una vecina se vio incluso obligada a vender su piso como consecuencia de las depresiones que le produjeron el estrés y el ruido. El abogado explica que esta mujer podría, si quisiera, "reclamar los daños y perjuicios que se le han ocasionado".
Los vecinos de Hernán Cortés, 5, también tomaron ejemplo y acudieron al mismo letrado. El local denunciado era, esta vez, Rita, conocido bar de copas de la plaza de Albatros sobre el que ahora pesa un expediente sancionador iniciado por el ayuntamiento. Según confirmó el propio abogado a EL PERIODICO EXTREMADURA, el consistorio considera que este negocio ha incurrido en una "sanción muy grave" porque desconectó y manipuló el limitador de sonido, causando importantes problemas de ruido al bloque de pisos.
El letrado comentó que la sanción es más elevada que la impuesta a Café Cantante y que las multas pueden oscilar entre 1.500.000 o 2.500.000 pesetas e incluso llegar a
la retirada temporal de la licencia por un periodo superior a un año e inferior a tres, con la consiguiente clausura o cese de la actividad o, in extremis, la retirada definitiva de licencia. Ahora hay un periodo de alegaciones al que la empresa puede acogerse.EL BAR JUSTOEl asunto de este bar situado en Arco de España acabó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cáceres. El propietario del local, según explica la abogada Ana Belén Romero, había solicitado al ayuntamiento una licencia de obras para realizar una reforma en su establecimiento, que fue denegada por el consistorio. Al parecer, el dueño había iniciado previamente las obras sin licencia y su intención era unir este local con el denominado Cruz de Malta, que era también de su propiedad. Los locales están situados en inmuebles diferentes. El propietario, al ver que el consistorio había denegado el permiso, acudió al juzgado para que declarara nula la resolución municipal.El abogado Braulio Caldera, del mismo despacho de Romero, fue el encargado de llevar el caso, puesto que este bufete se personó en el procedimiento judicial ordinario en defensa de una serie de propietarios que padecían las molestias del local de copas.El juzgado desestimó la demanda que se había impuesto contra el ayuntamiento y un propietario, y declaró válida la resolución de la alcaldía. El dueño del establecimiento apeló a la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. No se ha llegado a resolver porque la sala ha considerado que no cabía recurso de apelación.Ana Belén Romero considera positivo que los vecinos acudan a la vía judicial y que "no queden inactivos" ante los problemas que originan los ruidos de los locales y que ocasionan serias molestias a las comunidades vecinales.Otro establecimiento que está pendiente de una resolución judicial es Gambrinus, situado en la calle Doctor Fleming. La Asociación de Vecinos La Madrila alega que el local está en una zona saturada y que el consistorio no debería haberle otorgado la licencia para ejercer su actividad.
