El portavoz del gobierno local, Rafael Mateos, dio a conocer ayer el contenido de resoluciones de noviembre del juzgado de instrucción número 7 que ordenan a Vodafone el desalojo de todas las antenas, instalaciones y aparatos que esta empresa tiene instalados en la torre del reloj de la plaza de Antonio Canales y en un local anexo a la misma. Da un plazo de dos meses para cumplir este mandato, con el que se está ordenando que se ejecute la sentencia que el mismo juzgado dictó en marzo de 2016 y con la que se atendía a una reclamación realizada por el ayuntamiento.

Por un acuerdo de abril de 2000, el ayuntamiento autorizó a Airtel (ahora Vodafone) el uso de 10,8 metros cuadrados del local anexo a la torre. La vigencia inicial del contrato era de cuatro años. Por este acuerdo, Airtel debía abonar al ayuntamiento un canon anual de 32.400 pesetas (194 euros). Era un contrato de arrendamiento de un bien patrimonial público. El ayuntamiento cedía el uso y percibía una cantidad. Al haberse pactado un canon anual, la relación se mantenía y prorrogaba hasta que una de las partes manifestase su voluntad de dar terminada la misma, algo que pasó en enero de 2014 con la resolución que dictó la alcaldía y que llegó hasta el juzgado, que en su sentencia argumenta que el contrato finalizó el 11 de abril de 2014, fecha en la que vencía la última prórroga, y que Vodafone se tenía que ir.

DESALOJO / En su resolución de marzo de 2016, el juzgado no solo da por finalizada la relación que permitía a Vodafone el uso del local anexo, sino que también ordena el desalojo de todas las antenas y equipos instalados en la torre, ya que no existía título alguno que habilitase a Vodafone a ocupar la propia torre donde están las antenas.

Lo que hace ahora el juzgado con sus resoluciones de noviembre es ordenar a la empresa que ejecute la sentencia y le da para ello un plazo de dos meses.

Por otra parte, el concejal de Participación Ciudadana, Víctor Bazo, y el presidente de la agrupación de asociaciones de vecinos, José Alberto Iglesias, presentaron ayer las inversiones que se financiarán con cargo al millón de euros que se destinan a los presupuestos participativos. Destaca el gasto de 100.000 euros que se gastará en el primer parque «con todos los elementos inclusivos para niños con diversidad funcional», subrayó Bazo. Estará en Casa Plata.

Este millón se tendrá que incorporar a los presupuestos de 2018. Bazo apuntó que se hará con remanentes de crédito, citó que sería de las bajas que se produjesen en las contrataciones de otras obras o proyectos. Hay también remanente de tesorería, pero se tiene que gastar primero en las deudas pendientes de aplicar al presupuesto.