La operación de permuta de los terrenos se inició en el año 1999 cuando Promeimsa se dirigió al ayuntamiento, que estaba obligado a adquirir el suelo al ser uno de los espacios verdes previstos en el plan general de urbanismo. Se acordó ir a un laudo en 2000 una vez que consistorio y empresa no se ponían de acuerdo sobre el valor del terreno. La aprobación de la permuta se acordó por el pleno de la corporación local en 2001, entonces ya generó controversia por el valor (edificabilidad) que el laudo arbitral otorgó a los terrenos de Promeimsa porque doblaba el coste que cuando se empezó a negociar con la empresa había estimado el servicio de Urbanismo del ayuntamiento. La operación llevó a que otros propietarios de terrenos colindantes en la zona de la ampliación pidieran la misma valoración para sus terrenos que la que había fijado el laudo.
