Analizar desde un punto de vista jurídico y/o legal la declaración de independencia que rubricaron ayer en Barcelona una mayoría de diputados independentistas y la Generalitat de Carles Puigdemont es un ejercicio estéril. La deriva unilateral del soberanismo ha tenido la grave consecuencia de que el Parlament se encuentra en un limbo, con una legalidad vulnerada y otra suspendida por el Tribunal Constitucional (las leyes para preparar y validar el referéndum). Puigdemont cometió el grave error de dar por buenos los resultados del 1-O (que careció de las mínimas garantías democráticas) y, con esta base ilegítima, asumió un mandato inexistente de los catalanes. El 1-O no es democrático y no representa a Cataluña como base para proclamar la independencia y dejarla en suspenso sin solución de continuidad, invocando al diálogo. Puigdemont buscó ayer tiempo, aunque fuera a costa de desairar a sus socios más radicales de la CUP. Queda por ver para qué quiere el presidente catalán ese tiempo. Si se trata de un mero intento de dejar en evidencia al Gobierno o de convencer a la comunidad internacional de que se implique en una quimérica mediación externa, su movimiento táctico está condenado al fracaso. El diálogo al que se refirió Puigdemont solo puede ser interno y después del regreso de las instituciones catalanas al marco legal de la Constitución y del Estatut. Por eso, el tiempo añadido que trata de ganar debería tejer nuevas complicidades para volver a los cauces legales.
En este sentido, es vital que el Gobierno de Mariano Rajoy no se precipite ni en su análisis de lo sucedido ni en su reacción. La mesura de anoche, cuando no se anunció ninguna medida en caliente, es el camino a seguir. Para hoy, se ha convocado un consejo de ministros extraordinario que puede ser la antesala de la aplicación del artículo 155. Hay que sopesar bien que sus decisiones no sean más perjudiciales que el daño a reparar. Ayer, la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, afirmó que Puigdemont no puede ni debe extraer conclusiones políticas de leyes suspendidas por el TC y de un referéndum ilegal según el ordenamiento jurídico. Es cierto, igual que lo es que con la suspensión anunciada nada irreversible ha sucedido aún. En este mínimo margen nos movemos, y donde todos deben asumir la responsabilidad que permita encontrar una salida a la crisis. El tiempo muerto debe aprovecharse.
