En los términos municipales de Valencia de Alcántara, Herrera de Alcántara, San Vicente de Alcántara, La Codosera y Alburquerque han sido concedidos varios permisos de investigación minera para posibles explotaciones de mina a cielo abierto.
Todos estos permisos ocupan una parte o la totalidad de espacios naturales protegidos y del plan de recuperación del lince ibérico en Extremadura.
Lo mismo ocurre en los municipios de Trujillo, Plasenzuela, La Cumbre, Torremocha, Botija y Cáceres, con antiguos asentamientos de alto valor histórico.
En el suroeste de Extremadura, zona de Osa Morena, en los términos de Alconchel, Jerez de la Caballeros, Burguillos del Cerro, etcétera, afectarían a grandes extensiones de dehesas y espacios protegidos.
Un claro ejemplo del fracaso económico de estas actividades y cómo incumplen las promesas es la mina de Aguablanca en Monesterio.
También hay proyectos en las comarcas de Villuercas-Ibores-La Jara y Sierra de Gata.
Estos junto con la mina de litio en Cáceres, son tan solo algunos de los proyectos mineros que acosan Extremadura y que acabarán con zonas de altísimo valor natural, cultural, social y turístico.
Con actividades ganaderas, agrícolas e industriales. Influirán negativamente sobre la salud, el bienestar y la economía de la población al ser trabajos temporales dependientes del valor de mercado y la cotización en bolsa de los principales elementos químicos que se extraen.
