El pliego de condiciones para la adjudicación de las fincas rústicas de secano Buenavista, Egido Chico, Fondón y Turuñuelo, -publicado en el D.O.E. el 15 de abril- no se paralizará "ya que es absolutamente legal ". En estos términos se expresó el alcalde de Navalmoral, Rafael Mateos, al término de la reunión que mantuvo la tarde del lunes con el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Quintana, y al que solicitó la paralización del proceso de adjudicación. El mandatario moralo tampoco pudo conseguir que los terrenos pasaran a ser de propiedad municipal, un aspecto solicitado por los ganaderos tras una reunión con el alcalde, y sobre la que Mateos ya había manifestado a LA CR óNICA que "el ayuntamiento no puede adquirir esos terrenos " al establecerse el concurso en régimen de concesión administrativa (sólo pueden optar a él entidades asociativas agrarias).SOSPECHASEste encuentro fue solicitado por Mateos ante el malestar que el anuncio había provocado entre los ganaderos locales, que consideraban que se les había dado un "trato discriminatorio por parte de la Junta " y que el pliego de condiciones "estaba hecho a la medida de la cooperativa agro-ganadera de Peraleda ", a pesar de que las fincas se encuentran en el término municipal de Navalmoral de la Mata.Ante estas sospechas, según relató Mateos, el consejero afirmó que el pliego no estaba hecho a la medida de nadie y que la reunión que los técnicos de la Junta habían mantenido en Peraleda tenía por objetivo informar a los miembros de la cooperativa que no podían adjudicarles los terrenos directamente, -tal y como éstos habían solicitado-, sino que las fincas debían salir a concurso.Así las cosas, el alcalde ha instado a los ganaderos locales a que se unan en torno a la cooperativa del Campo de Navalmoral para presentar un plan de explotación de las fincas que posibilite que los terrenos reviertan en la localidad.PROPIEDADLa superficie total de estas cuatro fincas, que deben explotarse de forma conjunta, asciende a más de 2.300 hectáreas. La entidad que resulte adjudicataria tendrá que abonar una cuota anual de 130.000 euros durante ocho años. Transcurrido este tiempo, la Consejería de Agricultura otorgará la escritura pública de transferencia de la propiedad.
