Un mes y medio después de que Alejandro Sanz desvelara la existencia de un hijo secreto, fuentes judiciales revelaron, el lunes, que dos exempleados le pidieron al cantante 386.000 euros a cambio de no hacer públicas informaciones de su vida privada. Carlos González y su esposa, Sylvia Helena, tenían total acceso a la residencia del cantante, donde hacían tareas de mantenimiento. Según los documentos de la investigación, González pidió dicha cantidad a Juan Ramón Ramírez, el director en Miami de una empresa de Sanz, alegando que sabía muchas cosas que podrían perjudicar al cantante. Días después, González se reunió con un amigo de Sanz, al que enseñó vídeos y fotos, y al que también le pidió dinero.

Mientras la jueza encargada del caso, Cristina Pereyra, fijó una audiencia para el 9 de febrero, Alejandro Sanz hizo pública la gira que comienza el 9 de marzo en Perú.