El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha anunciado hoy, en su primera comparecencia en esta legislatura ante la Comisión de Cultura del Congreso, que habrá nuevas leyes del Patrimonio Histórico Español, y de la Música, el Teatro y la Danza, y de Archivos. Molina ha indicado que con la nueva Ley de Patrimonio Histórico Español se pretende establecer un sistema de protección del patrimonio arqueológico subacuático para "impedir la impunidad de aquellos que atentan contra él".
La nueva Ley de Patrimonio Histórico Español pretende, además de establecer un sistema de protección del patrimonio arqueológico subacuático, incorporar el concepto de paisaje cultural y las medidas derivadas de la ratificación por España del Convenio sobre el paisaje, así como adecuar el sistema nacional de museos y archivos al actual marco autonómico. También, ha dicho, se elaborará un proyecto de Ley de la Música, el Teatro y la Danza, para el que serán "oídos" todos los grupos y se buscará el acuerdo de las administraciones así como la opinión del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música y los Consejos sectoriales de música, danza, teatro y circo.
Ese proyecto de ley regulará tanto las actuaciones de las Administraciones Públicas como las iniciativas privadas.
Molina ha anunciado que habrá una nueva Ley de Archivos "dado que actualmente no existe una regulación estatal que aborde de manera global la protección y la conservación de la riqueza documental de las administraciones públicas", y se va a articular un Sistema Español de Archivos "como elemento esencial de colaboración del sector público y también de apoyo al sector privado".
Ha adelantado que también se desarrollará próximamente el reglamento de la Ley del Cine, que regulará aspectos que van desde la calificación de películas por edades, el reconocimiento de la nacionalidad española de ellas, a las condiciones de las coproducciones y los órganos colegiados que decidirán sobre las ayudas. Molina ha explicado que se va a decidir con las Comunidades Autónomas qué establecimientos culturales "por su carácter interterritorial o de especial interés" deben ser estatales; los que deben "desclasificarse" porque tienen "un interés más vinculado a las Comunidades Autónomas donde radican"; y qué fórmulas "consorciadas" permitirán la financiación y gestión de las que resulten "de mutuo interés y gran relevancia".
El ministro ha informado de la creación de la nueva Dirección General de Política e Industrias Culturales, que reordenará la acción cultural en el exterior centrándose en los países que consideran prioritarios, especialmente Iberoamérica. Para el fomento de las industrias culturales, que representan "nada menos" que el 5% del PIB y emplean a cerca de un millón de trabajadores, van a proponer una nueva línea de crédito específica para la creación de nuevas empresas; ayudas para costear los avales para acceder a financiación externa; subvenciones a la inversión en capital para la innovación; y ayudas reembolsables para la internacionalización de las compañías.
En cuanto a la "piratería" ha asegurado que "la actual situación de vulneración masiva de los derechos de propiedad intelectual" representa "una enorme amenaza" para la supervivencia de las industrias culturales y la cultura "en general". En la lucha contra ella ha apuntado que el próximo 10 de julio se reunirá la Comisión Antipiratería y ha recordado como otras citas importantes la de la Conferencia Sectorial de Cultura, para el 14 de julio en Zaragoza, y la del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica, convocado para este jueves en Salamanca.
