El fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas, pretende que se decomise los vehículos a los conductores peligrosos como una pena complementaria o alternativa a la prisión, la multa o los trabajos en beneficio de la comunidad, sin esperar a que haya sentencia firme. El ministerio público plantea que los coches sean usados por la administración o una oenegé en pro de la seguridad vial o sean entregados a las víctimas del accidente "inmediatamente", en vez de que "pierdan valor" en un depósito mientras se resuelve el proceso.

Vargas detalló que los fiscales solicitarán el decomiso --previsto en la última reforma del código penal-- "siempre" que los infractores cometan delitos de homicidio o lesión imprudente. Por otro lado, atendiendo "a la gravedad del hecho y a la situación económica del reo" pedirán el castigo en casos de conducción temeraria (para kamikazes o los participantes en carreras ilegales), en los casos de reincidencia o cuando se cometa un solo delito pero las tasas de alcohol o el exceso de velocidad sea "de extraordinaria gravedad".

La justificación de Vargas es que el comiso tendrá un valor "simbólico". "Queremos decirle al conductor: ´usted pierde el vehículo, el próximo que compre debe ser un habitáculo de paz, convivencia y solidaridad´", concluyó en tono navideño. El representante del ministerio público calcula que en los próximos meses, como muy tarde hasta el próximo verano, se intervengan 2.000 vehículos, el 0,000006% del parque automovilismo.

El fiscal solicitará la confiscación incluso cuando el coche no pertenezca al infractor. Posteriormente el propietario tendrá que demostrar "su buena fe" y la adquisición legal del mismo para que le sea devuelto.

El cálculo fiscal supera con creces el número de personas encarceladas por delitos de tráfico como principal motivo, que en la actualidad asciende a 1.529. La fiscalía pretende que el decomiso se use como pena alternativa a la cárcel de manera que solo ingresen en prisión "los que hayan cometido delitos más graves".

Los jueces, no obstante, no prevén que el comiso se aplique en tantos casos como propone el fiscal. El portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, José Antonio Ballestero, en un tono muy crítico, dijo que Vargas actúa "en la línea gubernamental que pretende exacerbar los delitos de tráfico".

En su opinión la respuesta penal será "la intervención mínima, independientemente de la petición fiscal". "La regla general no será el comiso", concluyó.