El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ordenó ayer las instrucciones competentes para que se ejecute la sentencia firmada por un juzgado de Huesca en el 2015 que insta a la devolución de los bienes de Sijena que permanecen retenidos en el museo de Lérida. Este paso acerca un poco más el patrimonio expoliado a su lugar de origen, aunque no significa que la vuelta sea inminente. Pero sí es un paso firme en la misma dirección que hasta ahora han dado todas las resoluciones judiciales: que las piezas deben volver a Aragón, de donde fueron extraídas de una forma que la Justicia ha dictado que es irregular.
De momento, el ministro requerirá información a la Generalitat para saber la ubicación exacta de todas y cada una de las obras, así como de la fecha en que se procederá a la entrega de los bienes. «Tan pronto como se reciba contestación a dicha solicitud de información, se procederá a trasladar la misma a ese Juzgado», ha contestado el ministro al juez, según estas mismas fuentes. Será entonces cuando este decida el traslado al monasterio. En el caso de que persistiera el bloqueo en Cataluña y la reiterada negativa de los responsables del mueso a devolver las obras, el juez podría ordenar el uso de las fuerzas del orden para su traslado. Concretamente, la Policía Judicial de la Guardia Civil.
competencias / La decisión adoptada por Méndez de Vigo viene tras el requerimiento que el titular del juzgado de instrucción número 1 de Huesca, Antonio Martín, efectuó al ministro el pasado 15 de noviembre al constatarse que era el responsable de las competencias de cultura de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el consiguiente cese del Gobierno catalán. Antes lo había hecho la jueza que le antecedió en el puesto a los respectivos consejeros de Cultura de la Generalitat, Santi Vila y Lluís Puig. Ambos hicieron caso omiso a la sentencia.
En el caso de que la orden del ministro se cumpla, se pondría fin a más de dos décadas de litigio. La semana pasada, el ministro lanzó balones al aire sobre este asunto, y se limitó a decir que habría que estudiar el requerimiento. Ayer, tras recibirlo, comjprobó que su obligación era acatarlo, como hizo.
A pesar de que la noticia satisface como nunca hasta ahora las reivindicaciones de Aragón y es un paso más en la ejecución de las sentencias, la responsable de Cultura del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, se mostró cauta ante las noticias.»Es una buena noticia pero no es la definitiva», sentenció en unas reacciones realizadas de urgencia nada más conocer la decisión del ministro, que fue confirmada por él mismo en una conversación telefónica. «No me cabía duda que un Gobierno que va a Cataluña a restaurar la legalidad no puede hacer otra cosa con el cumplimiento de esta sentencia que la Generalitat ha incumplido reiteradamente», indicó la consejera, quien pidió al Gobierno central que «si tienen que recurrir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que lo hagan».
colaboración de aragón / Aunque no quiso mostrarse pesimista, advirtió de que en Aragón «estamos ya descreídos de muchas problemas» y «ya hemos visto las reacciones que tiene la Generalitat, no solo políticas sino técnicas», recordó Pérez respecto a la actitud que ha mantenido el ex ejecutivo catalán con cada sentencia que ha ordenado la devolución de este patrimonio.
El Gobierno de Aragón explicó que le van a trasladar a Méndez de Vigo la información de que se dispone y que ya obra en el expediente de la Justicia relativa a los bienes y a su ubicación. Asimismo, desde la Consejería de Cultura se le ha ofrecido el equipo técnico que desde ayer por la tarde trabaja en este asunto.
La consejera urgió asimismo al ministro a que diga «qué día» será la devolución «con el fin de tener todo preparado para que vuelvan los bienes» porque «cuanto antes se haga, nos ahorraremos muchas declaraciones y tensiones innecesarias».
A partir de ahora se abre un periodo en el que las autoridades catalanas tienen que atender el requerimiento efectuado por el ministro. En teoría, esto debería realizarse en escasos días. La noticia llega en un momento clave, puesto que dentro de dos semanas empieza la campaña electoral para decidir el nuevo Parlamento de Cataluña, y los bienes podrían entrar en liza.
