Isabel Pantoja no gana para disgustos este verano, quizá el más bochornoso de su vida. Un mes y medio después del ingreso en la prisión de Alahurín de la Torre (Málaga) de su compañero sentimental, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, por su implicación en la trama de corrupción urbanística que tiene patas arriba la Costa del Sol, la fiscalía de Perú ha reabierto el proceso por la adopción, en 1996, de su hija, María Isabel, Chabelita.
El caso que hace dos años archivó "de manera definitiva" la fiscal anticorrupción Juana Meza al "no hallar ningún indicio probatorio" de soborno vuelve a salir ahora a la palestra al haberse presentado ante la fiscalía de Perú otra denuncia con "nuevos indicios" contra la popular tonadillera española.
QUERELLANTE DESCONOCIDO En esta ocasión, será el fiscal anticorrupción Jorge Chávez el que agitará las cadenas de uno de los peores fantasmas de la Pantoja, que ayer "no se encontraba disponible" en el móvil ni en los aledaños de Pantomar, la sociedad limitada radicada en Marbella que canaliza los ingresos de la artista desde 1991.
El portavoz del Ministerio Público peruano, que ha rehusado ponerle nombres y apellidos al querellante que ha presentado esta nueva acusación, ha solicitado la ampliación de la declaración de la tonadillera. Una demanda que será remitida a España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La historia del caso se remonta al 2003, cuando se la acusó de haber sobornado a Vladimiro Montesinos Torres, entonces el hombre fuerte del presidente Alberto Fujimori, para agilizar el proceso de adopción de Chabelita, que hoy ya tiene 11 años.
TRAFICO DE MENORES El diario Hoy de aquel país publicó entonces que Montesinos le cobró en 1996 a Pantoja más de 86.000 euros para aligerar los trámites, a través de una red de tráfico de menores creada por él en colaboración con funcionarios de la Secretaría Técnica de Adopciones.
Sin embargo, en el proceso anterior, que se extendió entre el 2003 y el 2004, la fiscalía peruana declaró que no había lugar para formalizar una denuncia penal contra Pantoja y Montesinos por "la comisión del delito contra la Administración pública y corrupción de funcionarios en agravio del Estado".
En aquella vista declararon 15 testigos, pero solo la expolicía peruana Beatriz Escudero --buscada por la justicia por estafa-- la acusó del soborno. Montesinos siempre negó conocer a Isabel Pantoja y haber recibido pago alguno de ella. La cantante también negó ante la justicia española los hechos y afirmó que el dinero que desembolsó en la adopción fue para pagar los honorarios de los abogados y los diversos gastos de notaría. Precisamente ahora, en su verano más aciago, el fantasma de aquella cantidad de dinero regresa a la agitada vida de Isabel Pantoja.
