El PSOE, el PP y CiU acaban de ultimar un principio de acuerdo para resucitar en el Senado la llamada ley Sinde, destinada a frenar las descargas no autorizadas en internet. Tras una negociación casi secreta de varios días, el Ejecutivo ha aceptado, según fuentes de la negociación, que la autoridad judicial intervenga desde el primer momento, junto a una comisión administrativa dependiente del Ministerio de Cultura, en el proceso de cierre de webs que faciliten estos intercambios no autorizados. En el enfoque original, el juez solo intervenía al final del procedimiento.
El canon digital también ha formado parte de la negociación. No quedará eliminado, pero en el plazo de tres meses el Gobierno modificará la compensación por copia privada para adaptarlo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que falló que este gravamen se aplicaba de forma "indiscriminada", tanto a personas físicas como jurídicas. Se espera que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ofrezca en breves momentos una rueda de prensa para explicar los detalles.
