El Juzgado de Instrucción número 3 de Mérida decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias previas en el caso contra José Fouto Carvajal, Manuel Molina y José María Vivas, antiguos responsables del CP Mérida SAD, que estaban acusados de unas presuntas irregularidades en la contabilidad del extinto club que militó en la Primera División durante dos temporadas.
El 22 de diciembre del 2004, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mérida calificó de fraudulenta la quiebra del club basándose en la ausencia de libros contables legalizados, de contabilidad y del depósito de sus cuentas en el Registro Mercantil. Según el auto, del informe de los administradores concursales se deducía el desconocimiento y la ausencia de documentación alguna referida a operaciones como las de los traspasos de jugadores como Barata, Aguilar y Pissarev.
Tras las diligencias practicadas, el Ministerio Fiscal pidió el archivo de las investigaciones por no existir indicio criminal de criminalidad, "quedando acreditada la ausencia de cualquier apropiación o alzamiento de capital alguno con la documentación aportada por los propios imputados". Por otra parte, también se hace referencia a la ausencia del delito de concurso de acreedores fraudulento del artículo 260 del Código Penal al no concurrir los requisitos necesarios para su perpetración.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida había condenado el pasado verano a seis años de prisión a José Fouto Carvajal, entonces presidente del club, por otros tantos delitos contra la Hacienda Pública, y al pago de una multa de 4,4 millones de euros, el doble de la cantidad defraudada.
La sentencia impuso la misma condena y multa a Manuel Molina y José María Vivas, gerente y contable del club cuando ocurrieron los hechos, entre 1995 y 1999, años en que el CP Mérida militó en Primera y Segunda División A.
