Al Cacereño ya le han notificado cuánto debe pagar de multa por los gritos racistas que recogió el árbitro del partido del pasado domingo ante el Badajoz: 300 euros. Pero en el club verde, lejos de aceptar la sentencia del Comité de Competición, se ha desplegado ya la estrategia para evitar desembolsar esa cantidad: el testimonio de las fuerzas de seguridad presentes en el encuentro, sobre todo las que estaban en Preferencia, de donde salieron los improperios hacia el visitante Etamané. Según la versión de la entidad verde, en ningún informe policial hay constancia alguna de lo sucedido, lo que se quiere emplear como base para el recurso.
