¿Cómo se van a defender los actuales miembros de la Federación Extremeña de Fútbol de las acusaciones de falsificación de votos electorales? Durante los últimos días, solamente una nota de prensa de la propia territorial ha salido a la luz, sin más detalles. Pero hay un trasfondo más profundo.

La defensa ya está preparada. El Periódico Extremadura ha tenido acceso a un documento federativo en el que se dan las claves que, esperan, sirvan para demostrar una "responsabilidad nula" en los hechos que se imputan, al tiempo que se considera que la actuación policial ha sido "desproporcionada" y que "bordea la legalidad".

La federación recuerda que en el procedimiento electoral iniciado en el año 2012, "tras diversos problemas de gestión y en el marco de un procedimiento electoral en el que había dos candidatos, Elisardo Plaza y Pedro Rocha (y que había alcanzado grandes cotas de polémica y problemas de procedimiento, por la ambigüedad de la normativa electoral), finalmente, se acordó exigir que a las solicitudes de voto por correo se acompañaran DNI compulsados".

Garantía

Se reconoce que la petición "es, en sí misma, de difícil encaje y cumplimiento, por cuanto la compulsa administrativa de documentos no es válida, excepto si el documento es entregado en la administración que realiza la compulsa, por lo que dicho requisito, simple y llanamente, era tan absurdo como legal". "No obstante", se asume, "se entendió que era la mejor forma de garantizar que en los DNI que se presentaban eran realmente los que eran, y que no se producían falsificaciones en los mismos".

Tras las votaciones, "en las que ganaron, de largo, los candidatos de Pedro Rocha", éste fue investido "por una mayoría de votos abrumadora, perdiendo las elecciones Elisardo Plaza, que planteó recurso contra esa votación, que fue desestimado por el Comité de Garantías Electorales de la Junta de Extremadura".

Afirma la federación que "en fecha de 28 de octubre de 2014, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz archivó las diligencias previas de investigación sin que, a partir de aquella fecha, haya constancia de actuación alguna en las mismas, hasta hace escasos días".

Y aquí llega el 'quid' de la cuestión, según los responsables federativos. "Sin embargo, parece ser que la Policía Judicial dependiente de la Comisaría de Badajoz inició investigaciones sobre los hechos en febrero de 2015, no tuteladas directamente por el Juzgado de Instrucción que conocía los hechos y procedió a realizar decenas de 'detenciones técnicas' ya en septiembre de 2015".

Estas diligencias, dice el equipo jurídico que asesora a Rocha, "no tienen precedentes en Extremadura" y las califica de "desproporcionadas". "Tal cosa ni es habitual ni ordinaria, así como un agresivo interrogatorio a los testigos, llegando a buscar, puerta por puerta, con coches de Policía y agentes uniformados, a los responsables de cada club exigiéndoles explicaciones de su voto, del sentido del voto, de a quién votaron y de por qué motivo votaron y quién les comunicó para que votaran, así como insistiéndoles en que eran perjudicados por los hechos y que debían denunciar. Gran parte de estas diligencias se hicieron sin advertir que podían comparecer con abogado".

Nueve meses

Estas investigaciones, sigue el documento, "se alargaron durante aproximadamente nueve meses" y finalizaron en el mes de diciembre del año 2015.

Sostienen también la tesis de que "tras diversas averiguaciones, y resulta que puesto que se había interrogado y detenido a todos los relacionados con la candidatura de Rocha, era razonable que se analizaran también las delegaciones de voto de Plaza, y se facilitó a la fuerza actuante 50 delegaciones de voto de éste que presentaban irregularidades, y que además habían sido compulsadas por un mismo funcionario".

Estos hechos, afirman desde la federación extremeña, "aún se están investigando pero, sorprendentemente, no se han unido a estas diligencias ni nos constan detenciones de nadie, ni visitas policiales para exigir la comparecencia a quienes votaron por correo a Plaza, a pesar de ser evidente su conexidad e identidad con el atestado ahora remitido".

"Tampoco constan detenciones, ni tomas de declaraciones, ni razón objetiva por la cual no se han investigado simultáneamente las dos candidaturas, cuando era ello lo lógico, por mera cuestión de economía procesal, y evitarse dos viajes a una misma ciudad, si de investigar estos hechos se trataba", exponen también, afirmando que se hayan dado a conocer las diligencias policiales "con el exclusivo fin de alterar el procedimiento electoral".