Marta Domínguez ya está directamente imputada en la operación Galgo , después de haber prestado ayer declaración ante la jueza que lleva el caso durante más de dos horas. Según ha podido saber este diario de fuentes próximas al proceso, el atleta Alberto García, otro de los involucrados en la trama, habría acusado directamente a la palentina en su comparecencia en el Juzgado de Madrid.

La situación de Domínguez, tanto a nivel jurídico como deportivo, es muy complicada. Prueba de ello es que la defensa de la fondista, encabezada por el abogado José Rodríguez, que fue ciclista profesional, se ha visto en la necesidad de crear un equipo de letrados, hasta cuatro personas más, principalmente penalistas, para asesorar a la deportista, que está acusada de un presunto delito contra la salud pública a través del dopaje deportivo.

Según las escuchas telefónicas que obran en poder de la Guardia Civil se podría haber establecido la participación de Domínguez en la trama de la operación Galgo en calidad de suministradora de sustancias dopantes, una circunstancia que ayer, a la salida de los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid, negó la atleta tajantemente. "Nunca he suministrado sustancias dopantes a nadie, ni me he lucrado de nada. Se ha hecho mucho daño a mi imagen, a mi familia y a mis seres queridos". Sí reconoció, en cambio, a preguntas de los periodistas en la puerta de los Juzgados de Madrid, que se había visto involucrada en la operación Galgo a consecuencia de "escuchas telefónicas".

SITUACION DEPORTIVA Ayer, diversos abogados que defienden a los inculpados en la trama (entre ellos los abogados de Eufemiano Fuentes y de Manuel Pascua Piqueras) asistieron a la declaración de Domínguez, que lo hizo primero en calidad de imputada y acto seguido como testigo. "Marta Domínguez efectuó muchas preguntas a la jueza", indicó uno de los letrados que asistió al interrogatorio.

A nivel deportivo, el panorama de Domínguez tampoco es nada halagüeño. Debido a que está imputada penalmente y teniendo en cuenta que cualquier acción federativa se considera como "administrativa", no es posible efectuar ningún tipo de negociación con la atleta, a fin de poder establecer los términos para un castigo por presunto dopaje. También es inviable poder reducir la sanción en el supuesto de que la atleta aceptase colaborar con las autoridades antidopaje españolas, como sucedió en los precedentes del marchador Paquillo Fernández o el ciclista Moisés Dueñas. "El Consejo Superior de Deportes, en este sentido, está atado de pies y manos", explicó una persona autorizada.

Domínguez está ahora a expensas de lo que determine la jueza del caso, Mercedes Pérez Barrios, que mantiene el secreto de sumario y ha advertido a los implicados que no hagan declaraciones. Dispone de más de 5.000 folios donde se contemplan todos los datos aportados por la Guardia Civil.