Nada en la información que contienen los informes que el Barça encargó a una agencia de detectives sobre cuatro de los cinco vicepresidentes tiene que ver con la seguridad de los directivos, en contra de la tesis que defendió el director general, Joan Oliver.
Los dosieres, a cuyos contenidos ha tenido acceso EL PERIODICO y por los que el Barça pagó 56.000 euros, se limitan a cuestiones empresariales y patrimoniales de los investigados y, en algunos casos, a detallar contenciosos judiciales que podrían tener efectos negativos a nivel mediático. El tono de los informes desmontan la versión oficial del ejecutivo, confirmando que el encargo tenía un propósito electoral, tal como asumen los propios directivos investigados.
Por la vida personal de Jaume Ferrer, Joan Boix, Joan Franquesa y Rafael Yuste se pasa de puntillas, aunque sí se hace referencia a su perfil como directivo o a su falta de carisma. Los detectives no dedican ni una sola línea a cuestiones relacionadas con la protección o la seguridad de los vicepresidentes, lejos de las justificaciones que ofreció Oliver. El caso de Joan Franquesa, que fue quien pidió al ejecutivo si podía encargar una "auditoría de seguridad", es muy significativo ya que ni se menciona que hubiera alguna sospecha de que alguien le estaba vigilando.
