Aún no ha comenzado la pretemporada y el Betis ya ha vuelto a la primera línea de actualidad, pero judicial. La Fiscalía de Sevilla ha recurrido hoy el auto judicial que la semana pasada paralizó la venta del Real Betis Balompie e impuso a su todavía máximo accionista, Manuel Ruiz de Lopera, una fianza de 25 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por un supuesto enriquecimiento ilícito a través del club.
El ministerio público considera que, a falta de que concluya el informe pericial que investiga la contabilidad de las empresas de Lopera, "no se puede afirmar que den indicios racionales" de un perjuicio económico a la entidad deportiva.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla investiga la descapitalización y el supuesto enriquecimiento ilícito de Lopera a través de Betis, cuyo dinero era trasvasado a diversas empresas y sociedades propiedad del polémico dirigente verdiblanco.
MEDIDAS CAUTELARES
Durante la vista celebrada el pasado 19 de julio, la fiscal ya se opuso a la imposición de medidas cautelares, como pedían los distintos grupos opositores a Lopera personados como acusación particular, al entender que el delito habría prescrito. No obstante, la jueza decidió dejar la opaca venta del Betis a una nueva sociedad en impasse, inmovilizar las acciones de Lopera y de su ámbito familiar más cercano e imponer una elevada fianza al mandatario con amenaza de embargo si no se abonaba.
Ahora, el fiscal ha presentado un recurso de apelación contra dichas medidas, dado que al no concluir la investigación contable aún no se ha podido establecer la existencia de una "gestión dolosa por parte del imputado o de una gestión fraudulenta" de Ruiz de Lopera durante los 18 años que lleva al frente del Betis.
Además, carga contra las plataformas opositoras (Béticos por el Villamarín, Por nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos) personadas como acusación, ya que consintieron durante años los supuestos tejemanejes de Lopera que ahora denuncian. "Y ahora no justifican los motivos por los que no solicitaron antes la paralización de las acciones [del hasta ahora dirigente del club verdiblanco]", añade.
Asimismo, reclama que estas plataformas presenten una fianza para poder continuar personadas en el caso, tal y como dictamina la ley de enjuiciamiento civil. Y considera que las medidas impuestas por la jueza son más gravosas que las solicitadas siquiera por las partes afectadas, señalando especialmente que la inhabilitación se extienda tanto a Lopera como a su círculo de amistades y familiares "que ni siquiera han sido denunciados".
