El consejo de ministros italiano, en una reunión extraordinaria, dio anoche su aprobación al conjunto de medidas adoptadas hace días para combatir la violencia que rodea al fútbol y entre las que se encuentra la prohibición de jugar con público en los estadios que no cumplan las mismas.

Las medidas para la prevención y la represión de fenómenos de violencia unidas a competiciones deportivas están contendidas en un decreto de ley y un diseño de ley, aprobados en el consejo de ministros, que tienen carácter de urgente.

Y son las ya anunciadas y acordadas el pasado lunes entre representantes de los ministerios del Interior, de Justicia y de Políticas Juveniles y Actividades Deportivas, con los de la Federación Italiana y los del Comité Olímpico. Al día siguiente contestadas y criticadas por algunos presidentes de club. El decreto ley ayer aprobado, y que ayer será publicado en el Boletín del Estado para darle su total oficialidad, consta de tres partes.

RestriccionesEn la primera de ellas, se contempla la suspensión de cualquier prórroga concedida con anterioridad para la no aplicación del decreto Pisanu (entre ellas billetes nominales, tornos de control de entrada, cámaras de circuito interno, registro y zona de control fuera de los estadios, localidades todas de asiento). Los estadios que no cumplan todas las normas recogidas en el decreto Pisanu, toda vez que se definen ya como condiciones "irrenunciables", no podrán albergar partidos con público hasta que no las cumpla y, por tanto, deberá jugarse en ellos a "puerta cerrada".

El creado Observatorio de Manifestaciones Deportivas será el que vigilará en primera instancia el cumplimiento de las normas, así como el camino en la adaptación de los estadios para darles, cuando lo cumplan, el vía libre a los partidos con público. De la misma manera, en una primera fase todos los partidos se disputarán en horario diurno. En el apartado de medidas de carácter preventivo y de mayor severidad de las penas, está la total prohibición de venta de bloques de entradas a los aficionados visitantes; es decir, los viajes organizados. Asimismo, se prohíbe el ingreso en los estadios a los aficionados violentos (actualmente unos 1.400 cifrados en Italia), que han cometido ya actos de dicho tipo (incluidos menores), y a los que junto a la prohibición de asistencia y a la de presentarse en una comisaria durante las horas de los partidos, se pueden unir la obligación de que se realicen en los horarios de los encuentros obras sociales.

Sin apoyo a los hinchas También "se prohíbe totalmente" cualquier relación económica entre los clubes y los grupos de aficionados; pudiéndose incluso establecer penas económicas o patrimoniales para los clubes que lo incumplan.

La tercera parte del decreto atañe a un plan de instalaciones deportivas destinado a modificar la propiedad de los estadios, que actualmente en su mayoría son de los ayuntamientos.

Es una parte que aún precisará de objeto de mayor estudio, pues se desea que las instalaciones puedan ser propiedad de los clubs. De momento, son seis los campos que parecen atenerse a las normativas del decreto Pisanu actualmente son: Olímpico de Roma, Luigi Ferraris de Génova, Olímpico de Turín, Franchi de Siena y Barbera de Palermo. No obstante, no será hasta hoy cuando el gobierno dirá cuáles son los que realmente cumplen lo requisitos y, por tanto, en los que se podrá jugar con público y en los que deberá hacerse a "puerta cerrada".

Aviso a CapelloPor otra parte, la Comisión Antiviolencia acordó ayer enviar un escrito al entrenador del Madrid, Fabio Capello, "lamentando las manifestaciones elogiosas hacia el grupo Ultra Sur, debido a las posibles consecuencias negativas que su actitud pudiese generar". Capello dijo: "Los pitos son justos; pasan siempre cuando las cosas no van bien. Agradezco a los ultras porque nos ayudaron".